Hoy entran en vigor los cambios en los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) anunciados por el Gobierno, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto por el que se modifican otros dos de 2006 -enseñanzas mínimas de la educación Primaria y Secundaria-.
De esta forma, la materia podrá impartirse el próximo curso 2012-2013 con las modificaciones ya anunciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se concretan en la eliminación de «cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico» y limitarla a la enseñanza de «valores cívicos y constitucionales».
Principio constitucional
Según argumenta el Ejecutivo en el texto, la asignatura ha sido un «tema de conflicto desde su origen», por entender un sector «importante» de la población española que su contenido atentaba contra ciertos principios constitucionales. «Este Gobierno defiende el respeto a la libertad de enseñanza y, consiguientemente, al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas o morales (artículo 27 de la Constitución)», asevera.
Este cambio es el primer paso para la práctica eliminación de EpC del currículo del alumnado español en el curso 2013-2014, pero para ello hay que reformar la actual Ley Orgánica de Educación (LOE). El departamento de José Ignacio Wert quiere retirar la asignatura de Primaria y Bachillerato y que sólo se enseñe en un curso de la ESO, una iniciativa que tiene previsto materializar con la ‘Ley Orgánica de Mejora de la Calidad'. Así, se eliminan de la asignatura aprobada en 2006 por el Ejecutivo socialista las referencias a los afectos y emociones, las relaciones entre hombres y mujeres, a los prejuicios sociales, racistas, xenófobos o sexistas, a la pobreza en el mundo, a la ‘feminización' de la misma, o a la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza, a los conflictos sociales, a la igualdad, entre otros asuntos.
Además, tal y como solicitó Catalunya en la Conferencia Sectorial de Educación -integrada por el Ministerio y los responsables autonómicos en materia educativa- del pasado mes de junio, tampoco se incluirá en el texto definitivo el tema dedicado a los ‘nacionalismos excluyentes' que incorporaba el borrador del decreto.
«La tarea de educar en democracia debe hacerse de un modo compartido y no excluyente entre la familia, las instituciones públicas, los centros educativos y la sociedad», señala el texto normativo aprobado por el Consejo de Ministros.