El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea (CE) que hable con una sola voz ante la deriva independentista en Catalunya y, en concreto, cuando le interpelen sobre la posibilidad de que un territorio de España pueda ingresar en la UE si se declara independiente.
En un escrito formal dirigido recientemente a su cúpula, España solicita al Ejecutivo comunitario que todos sus miembros expliquen la posición de Bruselas en este asunto «de conformidad con los tratados».
La CE ha dado respuesta hace años a la pregunta de si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no. En respuesta a una pregunta formulada por un eurodiputado británico en 2004, Bruselas aclara que «una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia».
Por tanto, si quisiera formar parte de la UE tendría que presentar una solicitud de adhesión que tendría que ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro. Es decir, que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.
Una entrevista en el Diario de Sevilla la semana pasada a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, la luxemburguesa Viviane Reding, ha generado cierta confusión en este sentido.
Reding aseguró que «la legislación internacional no dice nada que se parezca» a que un nuevo Estado resultante de otro Estado matriz deba abandonar todos los organismos internacionales si se declara independiente. Sus palabras las recogieron otros numerosos medios de comunicación, que interpretaron unánimemente que Reding quería decir que Catalunya no tendría por qué dejar la UE si se declarase independiente.
En el caso concreto de las aspiraciones independentistas de Catalunya, el Gobierno lo tiene claro y sostiene que una secesión unilateral de Catalunya o de otro territorio sería absolutamente contraria a la Constitución, de manera que también sería contraria al ordenamiento europeo.