La dimensión social y mediática que han adquirido los desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca han logrado una inusual unanimidad entre Gobierno, principales partidos políticos e instituciones como el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial.
El debate sobre la posibilidad de introducir cambios legales en los procedimientos de desahucio ha calado, al tiempo que el Gobierno y el principal partido de la oposición van a reunirse para intentar pactar una solución. Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha asegurado que están dispuesto a ir, si es necesario, «más allá» del código de buenas prácticas de la banca aprobado en marzo.
El PSOE presentarán una enmienda de reforma de la Ley de Alquileres para que las entidades financieras intervenidas estén obligadas a alquilar preferentemente a las familias desahuciadas las viviendas intervenidas por impago que no han conseguido vender.