El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que los empleados públicos de la Comunidad Autónoma extremeña cobrarán finalmente este año la paga extra de Navidad, con los fondos que la región percibirá tras una sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Ejecutivo extremeño ante el recurso que el Gobierno central interpuso contra el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
Una sentencia por la que el Gobierno de Extremadura recibirá unos 240 millones de euros, de los que gastará en torno a 80 millones en restablecer la paga extra de Navidad a los empleados públicos de la comunidad. Una medida que afectará a los funcionarios, pero no a los altos cargos de la administración, que seguirán sin cobrar la extra.
José Antonio Monago ha calificado de «muy buena noticia» esta sentencia, que da la razón a Extremadura ante un recurso que presentó el Gobierno central contra este impuesto extremeño, ya que según ha destacado el presidente regional, el dinero que llegará a la región se destinará, además de a restablecer la paga extra, a la dependencia, al empleo, al pago a proveedores, y a aliviar el déficit de la comunidad.
Monago ha recordado que el Gobierno de Extremadura prometió restablecer esta paga extra a los funcionarios «en cuanto fuera posible», y por tanto «ahora parece que la hay» con el dinero que llegará a la región «salvo que haya algún incidente procesal», que el presidente extremeño no baraja, ya que la sentencia es «firme».
El presidente extremeño ha recordado que la medida de suspender la paga extra era «estacional» y ahora «no hay ninguna razón para que se le someta a más tensión, en este caso, al conjunto de los empleados públicos de Extremadura», y por tanto ha aseverado que «si el dinero se recibe en próximas fechas, antes de Reyes tendrían esa paga extraordinaria».
En cualquier caso, ha apuntado que «si hubiera algún incidente en el procedimiento, evidentemente no se podría cumplir en esas fechas», pero se intentaría cumplir «de manera lo más inmediata posible».
Diez años después
Cabe recordar que este asunto se remonta a 2002 cuando el Gobierno central, entonces presidido por José María Aznar, recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley extremeña de 2001 que establecía un Impuesto sobre Depósitos de las Entidades Bancarias por entender que vulneraba competencias estatales, afectaba a bienes situados fuera del ámbito de comunidad y gravaba una actividad que ya era objeto de otros impuesto, como el IAE.
Diez años después, el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Extremadura en una sentencia que se dio a conocer este pasado miércoles al presidente del Parlamento extremeño, Fernando Manzano, y que éste trasladó al Ejecutivo regional, ha explicado Monago en una rueda de prensa convocada en Mérida.
En su intervención, Monago ha recordado que este impuesto a los depósitos bancarios fue aprobado durante la etapa de Rodríguez Ibarra como presidente de la Junta de Extremadura, ya que «se entendía que había que hacer un esfuerzo de las entidades financieras, que devolviera el esfuerzo de los ciudadanos».
Invertir «con responsabilidad»
Por eso, el presidente extremeño ha valorado que el Alto Tribunal haya «dado la razón» a los extremeños «frente a las entidades financieras», y establezca que la Comunidad Autónoma debe recibir unos 200 millones de euros, más alrededor de 40 millones más en concepto de intereses, una cifra «muy importante» y que «supone una gran noticia para el conjunto del pueblo extremeño, que es quien tiene que apuntarse ese tanto, porque es fruto de sus depósitos» en el banco.
Así, Monago ha apostado por «administrar muy bien» este dinero que va a llegar como consecuencia de la sentencia del TC, y «en un ejercicio de responsabilidad», el Gobierno extremeño ampliará crédito para «reforzar varias de las políticas» que ya están en marcha pero que ahora contarán con mayor dotación presupuestaria.
En concreto, de estos 240 millones y tras restablecer la paga extra de los funcionarios, el Gobierno extremeño inyectará 13 millones más a las políticas de dependencia; un millón de euros más para medidas de apoyo a los autónomos, y tres millones más para talleres de empleo, que permitirán poner en marcha 34 nuevos.
También se destinará parte del dinero, aunque no ha concretado en qué cuantía, pero será «todo lo que pueda», a «acelerar los pagos a nuestros proveedores», ha avanzado Monago, ya que según ha apuntado, el Gobierno extremeño «entiende la realidad» de la pequeña y mediana empresa, y por tanto no va «a escatimar ningún esfuerzo, hasta que se consiga una administración que pague sistemáticamente en tiempo y formas sus obligaciones».