El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el Ejecutivo asume las recomendaciones del informe de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor. En concreto, se introducirán «modulaciones a la baja» en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado «muy enriquecedora» la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos, y «ha visto más y mejor» que el Ministerio de Justicia. El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.
Defensora del Pueblo
Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la Defensora del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los litigantes.
Gallardón ha explicado que se articularán con rapidez los procedimientos legales adecuados para introducir las modificaciones que propone para supuestos concretos y situaciones determinadas. Unos cambios que, en su opinión no deslegitiman el proyecto del Ejecutivo, sino que lo mejoran y consolidan el sistema de tasas aprobado en la ley que entró en vigor en noviembre y que estableció una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750 euros.