La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha negado este miércoles ante el juez la caja B del PP, haber percibido sobresueldos en negro y, al igual que aseguraron ayer sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, ha explicado que el control de las donaciones corresponde al tesorero.
Cospedal, que ha declarado como testigo durante dos horas y media ante el juez Pablo Ruz que investiga el llamado caso de los «papeles de Bárcenas», ha negado también que mediara en la negociación con el extesorero Luis Bárcenas las condiciones laborales para su salida del PP.
Respecto a la supuesta reunión de marzo de 2010 en la que se habrían pactado esas condiciones, en presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de Javier Arenas, Cospedal ha dicho que no tenía constancia de ese encuentro, han informado fuentes jurídicas.
A este respecto, el abogado de IU, Enrique Santiago, ha señalado que Cospedal ha manifestado que conoció posteriormente ese acuerdo y que entendía que esas condiciones fueron pactadas entre Rajoy, Arenas y Bárcenas, tal y como declaró el extesorero el pasado 15 de julio.
Sin embargo, otras fuentes presentes en la declaración, han matizado que Cospedal en ningún momento ha citado expresamente a Rajoy y a Arenas y se ha limitado a recordar que ella no negoció las condiciones de la salida de Bárcenas.
En esa reunión, según declaró ayer Arenas, se permitió a Bárcenas mantener despacho en la sede del PP y un coche con conductor, pero aseguró que entonces no se habló de emolumentos.
Sobre las donaciones, Cospedal, que durante su declaración ha estado tranquila y seria, ha dicho también que le extrañaría que hubiera un registro de los DNI de los donantes, aunque ha reiterado que ese control de las donaciones lo haría la Tesorería, según fuentes de la acusación.
Respecto a los impresos de ingresos en el banco, que se rellenaban para las donaciones anónimas y en los que aparece solo la palabra PP, ha indicado que piensa que pondría «PP», porque el dinero provendría de afiliados.
También ha rechazado que sea cierto el pago de 200.000 euros supuestamente entregado por el expresidente de Sacyr Luis del Rivero al PP de Castilla-La Mancha para la campaña de Cospedal, después de que una filial de dicha empresa, Sufi, hubiera obtenido una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.
El juez Ruz, sin embargo, impidió a los letrados de las acusaciones preguntar por el recibí de esa aportación, firmado por el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas y que fue proporcionado al juez por Bárcenas.
Ruz ha advertido de que no podía seguir siendo interrogada por esos extremos porque afectan a aforados que podrían tener que responder de estos mismo hechos ante otra jurisdicción distinta a la Audiencia Nacional, como sería el caso de Vicente Tirado, presidente de las Cortes de esa comunidad.
Fuentes del entorno de Cospedal han confirmado a Efe que la número dos de los populares ha explicado al juez que la gestión ordinaria de los ingresos y gastos del PP son «labores exclusivas» del tesorero y del gerente del partido, que son nombrados por los congresos de esta organización política.
Ha añadido que según los estatutos del partido dicha responsabilidad «no recae» en la Secretaría General, algo que los letrados de las acusaciones han puesto en duda porque entienden que los estatutos del PP recogen que la Secretaría General ostenta la dirección de todos los servicios del partido, entre ellas ordenar y controlar todas sus actividades.
«No he conocido otro tipo de ingresos que los recogidos en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas», ha sostenido Cospedal en su declaración según estas fuentes cercanas a la también presidenta de Castilla-La Mancha.
Y ha insistido ante Ruz en que desde finales de junio de 2008, cuando fue nombrada secretaria general, «no ha habido sobresueldos» y tampoco le consta que los hubiera con anterioridad.
Bárcenas dijo en su declaración del pasado 15 de julio que la secretaria general del PP se benefició, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de dos pagos en negro entre 2009 y 2010 por un total de 90.000 euros, que les entregó al liquidar la caja B del partido y tras la devolución de una deuda del PP gallego.
Sobre su relación con Bárcenas, Cospedal ha confirmado que era mala y que no ha tenido contacto con él desde 2009, año en el que estalló el caso Gürtel.
También ha negado la existencia de una comisión de infraestructuras en el PP, pese a que uno de los imputados en esta causa, el apoderado de la constructora Rubau, Antonio Vilela, aseguró que prestó asesoramientos a ese órgano. Álvarez-Cascos, por contra, certificó ayer la existencia de esa comisión y añadió que asistió a alguna reunión.
En el auto en el que Ruz acordó citar a los ex secretarios generales del PP, pidió además al partido que certificase los asesoramientos de Vilela a esa comisión de infraestructuras, así como que identifique a sus miembros, fecha de creación, funciones, reuniones mantenidas y que se aporten las actas de este órgano.
Ante la declaración de Cospedal, un fuerte dispositivo policial compuesto por una decena de furgones blindados y más de una veintena de efectivos rodeaba desde primera hora de la mañana el perímetro de la sede de la Audiencia Nacional en la calle de Prim para evitar el acceso a una treintena de afectados por la hipoteca que desde ayer protesta contra el PP, así como de otro grupo de simpatizantes de la presidenta de Castilla-La Mancha.