El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha mostrado hoy su disconformidad con ser tratados como «sospechosos» tanto él como José Antonio Griñán ante la opinión pública sin estar imputados y ha dicho que si la juez Alaya ha visto delitos debería remitir el caso de los ERE al Tribunal Supremo.
La juez Mercedes Alaya aplicó ayer en un auto sobre el caso de los ERE irregulares, por el que abre el procedimiento para la imputación de Chaves y Griñán, una reforma procesal que se ideó precisamente para proteger a los diputados y senadores de querellas «maliciosas», el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECri).
En declaraciones a la Ser, Chaves ha dicho que la juez considera que existe «carga incriminatoria» por lo que «si hace esa insinuación» y «si considera que son indicios» su obligación como instructora de la causa es remitir inmediatamente el caso y la causa al Tribunal Supremo que es quien tiene las competencias» porque ha insistido en que ella «no tiene competencias» para imputarles.
Preguntado por si siente alguna responsabilidad por los 132 millones de dinero público que no fueron donde debían ir, Chaves ha dicho que no puede sentirse satisfecho con lo ocurrido ya que es «un peso» que llevará durante mucho tiempo, pero ha precisado que «el fondo que se creó es un fondo presupuestario legal» y ha dicho que lo que debe hacer la juez es tratar de recuperar «hasta el último euro».
Tras comentar que las decisiones de la juez Alaya siempre coinciden con acontecimientos importantes de la Junta, Chaves ha dicho que los abogados están estudiando la posibilidad de presentar un recurso, al tiempo que ha defendido que Griñán sea senador porque ha argumentado que hay varios expresidentes que lo son.