El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana sigue suscitando críticas en diferentes ámbitos, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido atajarlas al afirmar que «en absoluto es una mordaza».
A las críticas ya expresadas el martes por el PSOE y la Izquierda Plural se han sumado las de algunas asociaciones judiciales o reconocidos políticos como Julio Anguita, así como la preocupación de gobiernos autonómicos como Catalunya.
Interior dio a conocer ayer las líneas generales del anteproyecto de la futura ley, que multará con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, o los escraches. Además, sancionará con multas de entre 1.001 y 30.000 euros insultar o injuriar a los agentes o alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
Mordaza
Ha sido en el Congreso donde Rajoy ha negado que con la reforma se pretenda imponer una «mordaza» a los españoles que quieren protestar en la calle en contra de las medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo.
El presidente ha añadido que el único objetivo es cumplir la obligación del Gobierno de garantizar «la seguridad y la libertad» de todos los ciudadanos.
A la Generalitat de Catalunya, tal y como ha señalado el conseller de Interior, Ramon Espadaler, le preocupa que se multe a los participantes en movilizaciones no autorizadas. Más contundente se ha mostrado el excoordinador general de IU Julio Anguita, quien ha advertido de que las medidas propuestas son «la antesala del fascismo» y del «horror».