El balance final de la financiación autonómica, incluidos los ingresos desde dentro y fuera del sistema, sitúa a Catalunya como la región que recibe más inversión por habitante (4.340 euros) y en tercer lugar se encuentra Balears (3.161,37 euros), según la balanza que ha elaborado Extremadura, que, con 2.600 euros por habitante, queda en la décima posición.
El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, ha presentado la balanza en una rueda de prensa en Mérida. Un estudio basado en datos oficiales y «reales», frente a los «teóricos» de la balanza fiscal, según Fernández, para reclamar un trato justo y equitativo para Extremadura en el nuevo modelo de financiación autonómica.
La balanza se divide en cuatro grandes apartados: lo que Extremadura aporta a España, lo que exige, las variables que defiende y lo que el Estado da a la región.
En el último de ellos, se señala que la comunidad de Extremadura ocupó en el año 2013 la undécima posición en financiación dentro del sistema, 2.605 millones, frente a los 15.986 de Andalucía, la primera.
Por habitante
Si se tiene en cuenta la financiación autonómica fuera del sistema, por medio del Fondo de Liquidez Autonómica, el plan de pago a proveedores y otros, Catalunya es la primera con 32.789 millones, mientras que Extremadura es la trece con 2.876 millones. Distribuida por habitante, Catalunya sigue la primera y la Comunitat Valenciana, Balears, Cantabria y Castilla-La Mancha se sitúan a continuación con entre 3.273 y 3.045 euros.
El resto de CCAA, a excepción de Madrid, varían entre los 2.965 euros de Murcia, la sexta en el cuadro, a los 2.199 de Canarias, con Extremadura en la décima posición, mientras que la Comunidad de Madrid cierra con 1.800 euros por habitante.
El conseller catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, ha tildado de «despropósito completo desde el punto de vista técnico» los cálculos dados a conocer por Extremadura respecto al reparto de la financiación autonómica. El conseller catalán ha subrayado que ese estudio «no es una balanza fiscal», sino un «documento político», pero ha evitado entrar a comentar sus conclusiones para no entrar en una «discusión» con cada comunidad.