El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado este martes que la consulta soberanista del 9 de noviembre se puede celebrar «bajo tres parámetros, que son democracia, leyes y diálogo», puesto que está «soportada por una mayoría social muy amplia y cuenta con un consenso político suficiente».
Artur Mas se ha pronunciado sobre la consulta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern, en la que ha hecho balance de la actividad del ejecutivo catalán durante los primeros siete meses del año y que ha durado más de dos horas.
Según el presidente de la Generalitat, «se han hecho los deberes» sobre el proceso soberanista, puesto que el Consejo de la Transición Nacional ha entregado los 18 informes previstos, más de 3.000 entidades se han adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, hay «diálogo» porque se ha pedido celebrarla dentro de la legalidad española, y «hay una ley catalana» que la posibilita, que es la ley de consultas.
«Estoy de acuerdo en que tiene que ser legal, y lo será porque habrá una ley catalana que la posibilite, y lo que pido es que las instituciones del Estado no la entorpezcan, que no pongan trabas y respeten la voluntad mayoritaria del Parlamento y de la sociedad catalana», ha señalado.
El presidente de la Generalitat ha recalcado: «Estamos cumpliendo con un mandato popular recibido en las urnas, no nos estamos inventando nada, la consulta no es un invento de unos pocos catalanes que han enloquecido, esto es la traducción de los votos expresados en las últimas elecciones catalanas».
«Es cierto que el Estado, por las razones que sean, no ha querido ceder la competencia para convocar un referendo -ha recordado-, pero ahora tendrá la oportunidad de no entorpecer la legalidad catalana, no hace falta que ellos autoricen la consulta ni que les guste, sino simplemente de que respeten las leyes catalanas».
Ha querido puntualizar, en este sentido, que «no se trata de una ley para declarar la independencia, sino simplemente de pedir la opinión de la gente», y ha añadido: «Lo único que nos dicen es que la consulta no es legal; pues bien, hagamos entre todos que lo sea, porque una consulta en una democracia tiene que poder hacerse».
Después de apuntar que el mes de septiembre «será clave» para el proceso porque espera una Diada reivindicativa con una gran participación, ha alertado sobre posibles «provocaciones» y ha reclamado que todos los actos «se hagan bajo el criterio estricto de la no violencia, de la corrección y del respeto de las ideas de todos».
«Que nadie se despiste porque cualquier incidente se magnificará», ha alertado antes de afirmar que «aquí no hay buenos y malos, sino gente que piensa de una forma u otra, y por esto se tienen que resolver las cosas en las urnas, que es como se resuelven en democracia, y no hay que admitir ninguna provocación».
Para Artur Mas, el proceso tiene que ser «mayoritario, con consenso político, estrictamente pacífico, constructivo e incluso alegre, y muy participativo».
No ha aclarado si piensa agotar la legislatura: «No lo puedo decir; no se pueden confundir los deseos con la realidad, y esta última no la conocemos; las fases se tienen que ir cumpliendo y en función de lo que ocurra iremos viendo lo que hacemos», ha dicho.
Según el presidente de la Generalitat, ERC garantiza «y mantiene» la estabilidad del Govern junto a CiU y esto es lo importante, al margen de si los republicanos quieren entrar o no en su ejecutivo.
Por lo que respecta al balance de la actividad del Govern durante los primeros siete meses del año, Mas lo ha dividido en cuatro bloques sobre «trabajo y oportunidades», «garantías para las personas», «transparencia» y «transición nacional».
Mas ha recalcado que la recuperación económica tiene «acento catalán"; que por primera vez hay becas comedor que cubren el 100 % del gasto, y que se han invertido 480 millones de euros en políticas sociales y ayudas para garantizar el derecho a la vivienda, entre otras cuestiones.
Sobre las medidas de «transparencia», ha destacado que Cataluña lidera por primera vez el índice de transparencia de las comunidades autónomas, al pasar de la décima posición a la primera en un año.