El gobierno de la Generalitat ha tildado este sábado de «incomprensible» la presentación de la querella de la Fiscalía contra el presidente Artur Mas y dos conselleras por el 9N, mientras el PP ha considerado que con ella se refuerza el Estado de Derecho al quedar de manifiesto que «la justicia debe ser igual para todos».
En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, una de las querelladas, ha manifestado hoy su respeto por la decisión de la Fiscalía, aunque ha considerado «insólita» la disparidad de criterios entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, reticente a actuar contra el Govern por este asunto.
«Estoy convencida de que la Justicia actuará como crea que tiene que hacer», ha señalado Ortega, que ha insistido en esa disparidad de criterios «con la Fiscalía de Cataluña que, en principio, no veía base jurídica de que hubiese delito alguno».
Joana Ortega ha considerado en todo caso «incomprensible» que, «en un Estado democrático, una manifestación pacífica y democrática acabe en una querella criminal».
«Si en un Estado democrático poder facilitar una expresión democrática de la ciudadanía es un acto de desobediencia sí he desobedecido, pero sobre todo lo que ha hecho el Govern es cumplir con un acto de democracia y de libertad de expresión», ha indicado la vicepresidenta.
Joana Ortega ha negado estar sorprendida por la querella, porque fue «anunciada por la presidenta del PPC», Alicia Sánchez-Camacho, a la que ha acusado de erigirse «en portavoz de la Fiscalía».
Por su parte, Sánchez Camacho se ha mostrado hoy «orgullosa» de la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ha asegurado en este sentido que «la Justicia debe ser igual para todos».
Sánchez-Camacho ha señalado que «ayer vimos cómo se actuaba desde la Justicia contra el presidente y dos conselleras por saltarse la ley, porque la Justicia es igual para todos», y ha remarcado que «en ese caso han funcionado los tres pilares de la democracia: el Congreso, la Justicia y el Gobierno».
«El Congreso rechazó que una comunidad autónoma pudiese decidir el futuro de España, la Justicia ha dejado claro que nadie puede saltarse las leyes y el Gobierno ha impugnado la primera consulta que se propuso en Cataluña y el simulacro que se hizo después», ha resaltado Sánchez-Camacho.
La presidenta del PPC ha cargado contra el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, después de que ayer pidiera al Tribunal Superior de Cataluña que no admita a trámite la querella, y le ha replicado que «la democracia y la Justicia tienen sus mecanismos y actúan con independencia», por lo que «tendrán que ser los tribunales los que decidan».
Desde CDC, su coordinador general, Josep Rull, ha dicho que la presentación de la querella contra Mas constituyó ayer «un día de vergüenza democrática» en que «comenzamos a construir el último tramo hacia la independencia», mientras ha calificado de «cínica» la actitud del Gobierno español por «ofrecer diálogo al mismo tiempo que utiliza la Fiscalía para abatir al presidente de Cataluña».
Rull ha asegurado que «nosotros estamos tranquilos, hemos hecho las cosas bien hechas» y ha avisado que Mas y las conselleras acusadas tienen a su lado a la mayoría del pueblo de Cataluña por lo que «pueden venir mil tribunales, mil fiscales y mil gobiernos con aires autoritarios, que este proceso democrático no lo para nadie».
A este debate se ha sumado hoy el ex presidente de la Generalitat y senador socialista, José Montilla, quien ha dicho que, en caso de que la querella de la Fiscalía contra Artur Mas prospere, lo que no cree que ocurra, la defensa del presidente catalán puede contar con él «como testigo de la defensa».
Montilla cree que esta querella contra Mas es un error político y que los problemas políticos se han de abordar desde el diálogo y el ámbito de la política.
La diputada de Ciutadans Inés Arrimadas ha indicado por su parte, en relación con la querella, que ahora «Mariano Rajoy se está empezando a dar cuenta de que ha abandonado a los catalanes y de que el Estado de Derecho ha estado de vacaciones en Cataluña».
En cambio, el secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, ha acusado al Gobierno de utilizar a la Fiscalía «para dar miedo a la gente» para que «no ejerzan sus derechos» y de tener un «talante antidemocrático».
Demasiado se ha tardado en interponerla.Se la merecían desde hace tiempo y además por delito de sedición.