La juez Mercedes Alaya ha dejado este miércoles en libertad con cargos a cinco exdelegados provinciales de Empleo que fueron detenidos junto a otras 11 personas por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.
De igual modo, ha dejado libre al exdirector gerente entre los años 2003 y 2014 del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, José Gutiérrez, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez y la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido una fianza de responsabilidad civil de más de seis millones de euros, tras lo que también ha quedado en libertad con cargos.
La juez, que en este caso investiga delitos de malversación, prevaricación y fraude de subvenciones, considera que este imputado no habría destinado el dinero de las subvenciones al destino previsto.
Los exdelegados provinciales de Empleo que han quedado en libertad son los de Sevilla, Antonio Rivas; Cádiz, Juan Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández; el de Huelva, Eduardo Muñoz --cesado del cargo el mismo día de su detención--, y el de Málaga, Juan Carlos Lomeña, que ha sido el último en comparecer ante la magistrada.
Todos ellos se han negado también a declarar y el Ministerio Público no ha solicitado fianza civil para ninguno de ellos, en el caso de Rivas porque, en estos momentos, no cuenta con los elementos suficientes para poder cuantificar su supuesta responsabilidad, aunque se ha reservado la posibilidad de pedirla en el momento procesal oportuno.
Rivas, acompañado por su abogado, Jon Ander Sánchez, ha abandonado los juzgados del Prado de San Sebastián sobre las 21,25 horas entre los aplausos y gritos de ánimo de una decena de familiares y amigos. Las fuentes han indicado que la juez lo ha citado nuevamente a declarar el próximo 7 de abril por la ayuda a Cydeplast, dentro de la investigación por el caso de los ERE irregulares.
«Red de clientelismo político»
En los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político».
De este modo, la juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros 14 detenidos que han comparecido en sede judicial, pues este mediodía ya dejó libres a la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano; la exdelegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez; la exdelegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.
Hay que recordar, asimismo, que la instructora dejó en libertad con cargos esta madrugada a las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros-- y María Teresa Florido; a la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.
En la jornada de este jueves, la juez tiene previsto tomar declaración a los dos últimos detenidos en la operación 'Barrado', como son el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, y el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes.
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Bajo secreto
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero «se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación», señalando que «del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando».
En este sentido, indica que, «analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes».
Todo ello «atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba».