La exdiputada de IU Tania Sánchez ha declarado hoy por el «caso Aúpa», en el que se le imputan presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, tras lo cual su abogado ha negado que ella supiera que el expediente en el que no se inhibió incluía una empresa de su hermano.
A su llegada al Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey, Sánchez ha dicho que estaba «tranquilísima» y satisfecha por poder explicar las «falsedades» en que se basa la querella presentada por el PP.
El abogado de la excandidata autonómica de IU, Gonzalo Boye, ha apuntado a la salida que, durante el pleno en el que se aprobó el contrato a Aúpa, todos los ediles aprobaron por unanimidad el expediente en que se apoyaba la adjudicación, y ha añadido que Sánchez no sabía que ese expediente incluía a la cooperativa Aúpa.
El abogado ha añadido que el punto en que se aprobaba ese contrato estaba respaldado por una memoria realizada por los técnicos y servicios jurídicos municipales, por lo que todos los concejales lo aprobaron por unanimidad, incluidos los querellantes.
En este sentido, el abogado ha sostenido que «el PP tuvo evidentemente la oportunidad de impugnar el acuerdo en ese pleno».
Boye ha asegurado que las características de cada adjudicación vienen especificadas en la memoria e informes municipales, y ha apostillado: «tú no revisas las 40, 500 o 1.000 páginas del informe».
La exdiputada ha sido llamada a declarar para explicar uno de los contratos que el Ayuntamiento de Rivas adjudicó en 2008 por valor de cerca de 137.000 euros a su hermano, Héctor Sánchez, que era socio y administrador único de la cooperativa Aúpa.
No obstante, el abogado ha hecho referencia a otro contrato de 2.500 euros.
Por su parte, Sánchez ha dicho que en su declaración ha explicado a la jueza todas las «falsedades y mentiras» en que el PP ha basado la querella.
Boye ha coincidido en que la querella del PP se basa en «falsedades», como que el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, participó en la fundación de la asociación Pecados Capitales o que los contratos eran «ilegales o ilegítimos», algo que ha quedado «demostrado y perfectamente claro» con documentos.
La investigación se lleva a cabo a raíz de una querella presentada en enero pasado por el PP, en la que se denuncia una serie de contratos supuestamente irregulares, adjudicados durante la etapa de Tania Sánchez como concejal de Rivas por cerca de 1,2 millones de euros, entre 2002 y 2008, a la cooperativa Aúpa.
Angelita, no sabía, no se enteraba y va de lista de clase. Mas caradura imposible.