El presidente de la Generalitat, Artur Mas, declara el próximo jueves como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por convocar la consulta alternativa independentista del 9N, cuando su reelección sigue en el aire pendiente de las negociaciones entre Junts pel sí y la CUP.
Nueve meses después de que se admitiera a trámite la querella que la Fiscalía presentó por la consulta del 9N, el magistrado instructor del TSJC Joan Manel Abril ha citado a declarar como imputados para esta semana a Mas y, este marte, a la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega (UDC) y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC).
Los tres cargos públicos contra los que se dirige la querella serán interrogados por su papel en la convocatoria y en la organización de la consulta alternativa del 9N suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), hechos por los que la Fiscalía les acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
La citación de Artur Mas se notificó el pasado 29 de septiembre, a los dos días de las elecciones que ganó la coalición de Junts pel sí y después de que la defensa del presidente de la Generalitat, Ortega y Rigau pidieran -en plena campaña- al TSJC que citara como imputados a los querellados antes de acordar cualquier otra testifical o diligencia.
La imputación de Mas dos días después del 27S y la coincidencia de la fecha en que será interrogado con la del 75 aniversario fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys por el franquismo ha sido interpretado como una provocación por el independentismo, que ha convocado actos de apoyo al presidente para el próximo jueves.
Las entidades soberanistas han llamado la población a «acompañar» a los imputados a las puertas del Palau de Justicia donde se encuentra el TSJC -situado, precisamente, en el paseo Lluís Companys de Barcelona- y, a última hora de la tarde, se han convocado concentraciones frente a los ayuntamientos de toda Cataluña.
La citación de Mas como imputado ha ocurrido cuando la reelección de Artur Mas, actualmente en funciones, está cuestionada debido a las reiteradas advertencias de la CUP -formación cuyo apoyo necesita para la investidura- de que es reticente a hacer president al líder convergente por estar excesivamente marcado por la corrupción y los recortes.
Precisamente, antes de decidir si inviste o no a Mas, la formación anticapistalista ha reclamado pasos «irreversibles» de ruptura con España, entre ellos desobedecer la decisiones del Tribunal Constitucional (TC) que afecten a Cataluña.
Mas niega que desobedeciera cuando puso las urnas del 9N y una de sus líneas de defensa consistirá en recalcar que el TC no contestó cuando la Generalitat le pidió que concretara qué actos quedaban suspendidos, pero tras su imputación se declaró «democráticamente rebelde» ante el Estado por haber convocado la consulta.
El presidente de la Generalitat en funciones acudirá a declarar al TSJC, sin barajar la posibilidad legal de pedir que el juez se desplazara a su despacho a interrogarle.
Por su parte, la vicepresidenta y exconsellera de Gobernación Joana Ortega (UDC), que el pasado mes de junio dejó el Govern a raíz de la crisis entre su partido y CDC, acudirá a declarar arropada por el secretario general de la formación, Ramon Espadaler, y otros dirigentes de su partido.
Me parece normal luchar por una balanza fiscal más ventajosa, pero eso no resolverá todos los problemas de la economía catalana. Se trata de ser competitivos para crear empleo y atraer inversiones, sin sobrecarga fiscal ni incertidumbres políticas. Las deslocalizaciones de empresas a otros lugares representan, por lo menos, pérdidas fiscales para las autoridades catalanas.