Alargar los plazos de prescripción para los delitos de corrupción, eliminar el indulto en estos casos y restringir los mecanismos de «puerta giratoria» entre la política y la empresa son algunas de las medidas que plantea el Cercle d'Economia para «mitigar» el problema de la corrupción en España.
El 'lobby' empresarial catalán considera que la corrupción pública, que incluye tanto la política como la administrativa, es «altamente nociva» para la democracia y «distorsiona» el buen funcionamiento de la economía, los «dos pilares básicos» sobre los que reposa la razón de ser del Cercle.
Es por ello que la institución que preside Antón Costas ha elaborado un documento que examina la incidencia de la corrupción en España, analiza sus causas y propone una serie de medidas que permitan reducir este tipo de conductas.
El estudio, que se ha presentado este viernes en la sede del Círculo, ha sido redactado por un grupo de trabajo formado por Antoni Zabalza, Elena Costas, Víctor Lapuente, Jordi Hereu, Lluís Orriols, Sílvia Sorribas y Josep Maria Vallès.
El documento señala que la percepción de la corrupción ha aumentado en los últimos años en España y constata que los casos conocidos han sido más presentes en las administraciones locales y autonómicas que en la administración central.
El grupo de trabajo recuerda, no obstante, que «un capítulo muy importante» en la corrupción pública tiene su origen en la financiación irregular de los partidos y candidatos, una situación que en este caso se ha dado en todos los ámbitos.
«La corrupción organizada o tolerada por la dirección de los partidos de cara a aumentar sus recursos y, en contrapartida, favorecer intereses empresariales privados, es especialmente grave para la calidad democrática», sostiene el 'lobby' barcelonés, que agrupa a grandes empresarios y académicos.
El Cercle considera que a pesar de la creciente preocupación de la sociedad española, vinculada al descubrimiento de importantes casos de corrupción, las medidas que se han tomado al respecto han sido «insuficientes» y han tenido un enfoque «muy legalista».
En el ámbito administrativo, el Cercle d'Economia propone desincentivar las excedencias de funcionarios directivos, como abogados del Estado, inspectores o magistrados, que conllevan su traslado al mundo empresarial y la constitución de «redes de intereses», o dotar de mayor transparencia los mecanismos de contratación pública y el otorgamiento de subvenciones.
En el campo de la Justicia, las propuestas del Cercle pasan por revisar la condición de aforado de políticos electos y jueces, alargar los plazos de prescripción para los delitos vinculados con la corrupción, reducir la dilación de los procesos judiciales y revisar (o eliminar) el procedimiento de indulto a los corruptos.
Las propuestas del Cercle atañen también al ámbito político-institucional. En este sentido, plantea restringir los mecanismos de «puerta giratoria» (el salto de un alto cargo público al mundo empresarial), y repensar el sistema de financiación de los partidos y sus fundaciones.
Del mismo modo, plantean establecer la elección democrática interna y la limitación de mandatos de los cargos orgánicos de los partidos.
Más allá de toda esta batería de propuestas, el Cercle d'Economia aboga por «profesionalizar» la administración pública e impulsar aquellas políticas socioeconómicas que reduzcan la desigualdad de rentas que conduce a la desconfianza social y favorece el arraigo de prácticas ilegales entre electores y partidos o entre partidos y el sector empresarial.