Tres ayuntamientos de la isla de Ibiza apoyan la propuesta del presidente del Consell Insular, Vicent Marí, de explorar la vía de la suspensión temporal de la concesión de licencias para la construcción de vivienda libre como una forma de paliar la crisis que sufre Ibiza sobre esta cuestión. Santa Eulària, Sant Josep y Sant Joan se han mostrado a favor de esta reflexión. El Ayuntamiento de Ibiza ha preferido no pronunciarse mientras que el de Sant Antoni no ha respondido a la pregunta de Periódico de Ibiza y Formentera.
Fuentes del Ayuntamiento de Santa Eulària, gobernado por la popular Carmen Ferrer, han asegurado que este municipio comparte «la necesidad de reflexión expresada por el presidente Vicent Marí porque se trata de pensar para el futuro de la gente de nuestra isla, la que quiere trabajar aquí». Las mismas fuentes han añadido que a la falta de vivienda como tal se une «que hay muy poco espacio urbano y una presión en los recursos como el agua y los residuos». «Indudablemente y entendiendo que hablamos de edificios plurifamiliares», han asegurado, «hay que plantear priorizar la construcción de vivienda para estos residentes».
El Ayuntamiento de Santa Eulària ya tiene en marcha la primera promoción de la isla de Ibiza de 94 viviendas en régimen de alquiler a precio limitado. Unas viviendas a las que podrán acceder residentes en la Villa del Río con un tiempo de empadronamiento mínimo de 10 años. «Esta iniciativa se incluye dentro del plan municipal Santa Eulària crea Futur», han recordado desde el Consistorio, «que tiene como principal objetivo el retorno del talento joven del municipio y apoyar a colectivos que pueden tener más dificultades en el acceso a la vivienda aun teniendo trabajo y buenos salarios».
En Sant Josep también han recibido de forma favorable la propuesta del presidente Marí. Fuentes municipales han señalado que el Consistorio, gobernado por el popular Vicent Roig, está «completamente alineado con la tesis del presidente Marí en cuanto a la absoluta priorización de la vivienda para residentes». La situación urbanística de Sant Josep ha sido complicada durante décadas. Desde la llegada de Roig al Gobierno municipal, el departamento de Urbanismo «ha afrontado uno de los periodos más complejos de su historia reciente».
«La situación heredada combinaba bloqueo administrativo, acumulación de expedientes, inseguridad jurídica, falta de planificación estratégica, una creciente presión social derivada del acceso a la vivienda, saturación territorial y la necesidad de garantizar un desarrollo urbanístico sostenible», han recordado. En este escenario, el Gobierno de Roig decidió «transformar el urbanismo municipal en una herramienta al servicio del interés general, priorizando la seguridad jurídica, la transparencia, la vivienda habitual y la sostenibilidad territorial frente a inercias especulativas o modelos de crecimiento desordenado». Para ello fue necesario, en primer lugar, poner orden en el propio departamento, impulsando una reorganización interna «basada en criterios de responsabilidad pública, estableciendo prioridades claras y asumiendo que no todos los expedientes podían ni debían tratarse de la misma manera». Así, la estrategia a seguir se ha basado en priorizar las solicitudes de licencia para obra mayor y para obra nueva destinadas a primera vivienda. Esto se ha condicionado «al compromiso formal de residencia efectiva en la vivienda durante un periodo mínimo de cinco años». Desde el Ayuntamiento han señalado sobre esta decisión que «la voluntad política es la de utilizar las competencias urbanísticas municipales para facilitar el acceso a la vivienda habitual, especialmente para residentes y familias del municipio, frente a dinámicas especulativas o de uso no residencial».
El Ayuntamiento de Sant Joan, dirigido por la popular Tania Marí, también ha manifestado que considera prioritaria «la construcción de vivienda para residentes». Fuentes del Consistorio han explicado que son también necesarias otras medidas como las ayudas al alquiler, que en Sant Joan se han otorgado en 2025 y que se mantendrán en 2026. Sin embargo, este ayuntamiento también ha recordado que está sometido a «unas limitaciones normativas impuestas» que condicionan sus propias normas urbanísticas «como, por ejemplo, la falta de agua o la ordenación territorial dictada desde otras administraciones». Las fuentes consultadas por este periódico han señalado, finalmente, que Sant Joan colabora con el Consell de Ibiza en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, «que es, sin duda, lo que más presiona al alza el precio de la vivienda en una economía turística como la nuestra».
Professor H`Pocos liberales quedan en VOX.