Los tres directores expedientados en Maó por negarse a aplicar el TIL se sienten cabezas de turco. Los docentes declararon este lunes, en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, tras presentar una querella por presunta prevaricación contra tres altos cargos de la Conselleria d'Educació del anterior Govern balear. «Queremos que esto no vuelva a suceder, que ningún otro funcionario tenga que pasar por nuestra situación, que se haga justicia».
Margalida Seguí, Jaume Bonet y Rafel Andreu permanecieron 14 meses con el expediente abierto. De julio de 2013 a octubre de 2014. También les suspendieron de su función directiva durante seis meses, lo máximo que permite la normativa. En los expedientes se acusaba a los directores de los tres centros de Maó de falta de obediencia a las órdenes de un superior, se calificaba su conducta de muy grave y se ordenaban medidas cautelares por las que fueron suspendidos.
Los tres funcionarios repasaron ante la jueza María Pascual la cronología de los hechos, empezando por el decreto del TIL, en 2013. La querella se dirige contra el director de Planificación, Infraestructuras educativas y Recursos Humanos, Bartolomé Isern; el entonces secretario autonómico de Educació, Cultura i Universitats, Guillem Estarellas; y el inspector de educación que instruyó los procedimientos, José Ramón Mestre.