La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la petición de los senadores de Compromís Carles Mulet y Dolors Pérez de que inicie los trámites para la ilegalización del PP por un presunto delito de asociación ilícita.
La teniente fiscal Belén Suárez ha respondido a los senadores que no corresponde a la Fiscalía declarar la disolución de una asociación o instar a que se disuelva a no ser que tenga como fin la comisión de algún delito, lo que «se excluye en este caso».
Los senadores pidieron la ilegalización del PP por los «constantes y reiterados casos de corrupción que le situarían como organización ilícita».
En un decreto, la teniente fiscal recuerda que la jurisprudencia establece que para que concurra un delito de asociación ilícita el fin de la asociación debe ser delinquir, algo que debe ser pretendido por la organización, no por el propósito individual de alguno de sus miembros.
Expone en ese sentido que no basta con que un grupo de personas pueda dedicarse a cometer delitos, sino que debe tener una estructura, aunque sea primaria, que se diferencie de la individualidad de sus miembros.
Recalca además que no debe confundirse que se cometan actos delictivos «en nombre o por cuenta de la asociación» con el hecho de que esa asociación promueva la comisión de actos delictivos.
Y concluye que «no constan ni se han aportado indicios mínimos que permitan iniciar las investigaciones penales pretendidas por los denunciantes».
La teniente fiscal recuerda además que la ley establece que la disolución de una asociación debe ser adoptada por «resolución motivada de la autoridad judicial competente».
Y expone a los denunciantes que contra su decisión no cabe recurso, con independencia de que puedan presentar su escrito «en los órganos judiciales que considere competentes».
El senador Mulet ha afirmado en un comunicado que «la realidad pone en duda» el argumento de la Fiscalía de que el objeto del PP no es cometer delitos.
A su juicio, «está bien claro que nos encontramos en el caso en el que cientos de miembros del PP utilizan la estructura del partido y su poder para delinquir aunque, como es obvio, esta finalidad no está claramente establecida en los estatutos del partido».
El senador ha añadido que «cuesta entender que la Fiscalía obvie que todo el partido está imputado», si bien ha admitido que su denuncia fue «simbólica» para mostrar la indignación social existente con ese comportamiento.
Y ha añadido: «No puede ser que la ley deje impunes hechos como mordidas por comisiones ilegales que van a parar de una forma más o menos clara a partidos políticos, borrado de discos duros, contabilidad en B, escándalos de tramas organizadas en las que han caído grupos municipales enteros y nadie quiera ver lo que nos parece obvio y preocupa cada vez más a los ciudadanos, como es la corrupción política, algo inaceptable».