La exconcejal María José Alcón, una de las 50 personas investigadas (antes imputadas) por blanqueo de dinero en el grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, asegura en las grabaciones que constan en el sumario que en el PP local «había mucho dinero negro» y «corrupción política total».
En el sumario del denominado caso Taula, al que se ha tenido acceso tras levantar el juez el secreto del sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reproduce unas conversaciones grabadas a María José Alcón con su hijo Vicente Burgos, en las que queda patente la trama para blanquear dinero.
Asegura Alcón en una conversación grabada en abril de 2015: «Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me deban dos billetes de quinientos».
Su hijo le comenta entonces que no entiende como blanquean el dinero y su madre le dice: «Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo».
A continuación la exconcejala admite que ese dinero lo ha recibido de Mari Carmen (García-Fuster, secretaria del grupo municipal), y que ella lo ha devuelto «con una transferencia bancaria y se blanquea».
En otra conversación, Vicente Burgos Alcón pregunta «cuántos billetes de quinientos tienen ellos» (los del grupo municipal del PP), y su madre le responde: «Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción».
Un mes más tarde, el 7 de mayo de 2015, Alcón recibe una llamada de Alfonso Grau, exconcejal también investigado en esta causa y procesado en el caso Nóos, con quien se había casado pocas semanas antes, en la que hablan de las informaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP de la ciudad de Valencia y al trato recibido por los investigados.
Alfonso Grau le dice entonces a María José Alcón: «Me doy de baja en este mismo momento de un partido que se dedica a castigar a inocentes para tapar el culo a los verdaderos culpables».
En otras transcripciones, referidas a contratos de conservación de las torres de Quart, Marcos Benavent, el «arrepentido» del caso Imelsa y autodefinido como «yonqui del dinero», le relata a Alcón el proceso para cobrar la comisión del 2 %: «De un millón doscientos hay que quitar el IVA y se queda un millón. Sólo nos pueden dar 20.000 euros. Yo te he dejado ahí 10.000. He dejado 5.000 para el partido, porque Alfonso lo quiere así y yo me he quedado cinco mil».
Ante la queja de la exconcejala, Benavent añade: «Ellos me han dicho que si hubieras reformado (el proyecto de adjudicación) sí que hubieran podido aumentar los porcentajes. Eso sí, a los tres días de estar adjudicado, el dinero por medio, y eso siempre es bueno».
En otra de las conversaciones entre Alcón y Benavent, la primera se refiere a Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la exalcaldesa que trabajó en varias ediciones de la Mostra del Mediterrani contratado por empresas adjudicatarias, como «el sobrinísimo» y explica a Benavent que espera «sacar» algo de él «también», «por lo menos para tomarme unas cervecitas este verano».