La mayoría del PP en la Comisión Constitucional del Senado ha rechazado este martes una moción del PSOE respaldada por los demás grupos de oposición en la que se pedía dotar con 6.300.000 euros una partida presupuestaria que permita seguir aplicando las medidas de la Ley de Memoria Histórica.
El senador socialista Francesc Antich ha asegurado que esta norma aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está actualmente «en vía muerta» y sin presupuesto desde hace cinco años, porque en 2012 el PP redujo su dotación a 2,5 millones de euros si bien nunca se gastaron con la «excusa» de la crisis.
En su iniciativa, los socialistas exigen al Gobierno una «partida presupuestaria suficiente» para aplicar esta norma, que cifran en 6,3 millones de euros, esto es, la misma cantidad gastada el último año de gobierno de Zapatero, para poder continuar con los trabajos pendientes, en especial la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
Ha asegurado el senador balear que con Zapatero esta norma sí se aplicó y cumplió, con un gasto de más de 20 millones, hasta lograr la exhumación de 5.000 víctimas.
También se inició en esa etapa la retirada de símbolos franquistas, se concedió la nacionalidad española a descendientes de exiliados y brigadistas internacionales y se creó una Oficina de Víctimas, ahora cerrada.
Francesc Antich ha recordado que España es uno de los países con más «desapariciones forzadas», en terminología de la ONU, con unas 150.000 víctimas, muchas en fosas para cuya localización el Gobierno del PP no aprobó dotación alguna en la X Legislatura.
«Que tantos años después el Estado niegue las ayudas necesarias para dar un entierro digno a las víctimas no es precisamente mandar un mensaje de reconciliación», ha advertido el portavoz del PSOE.
Desde el PP, único grupo que se ha opuesto a la propuesta socialista, el senador Joaquín Luis Ramírez, ha atribuido al ajuste presupuestario las «dificultades económicas» y ha propuesto a Antich una enmienda que el socialista ha rechazado en la que se instaba al Gobierno a aplicar la norma «con la mayor eficiencia posible en el uso de recursos y teniendo en cuenta el contexto presupuestario».
Ramírez ha admitido que la supresión presupuestaria ha afectado a los trabajos de localización de fosas, pero ha señalado que el Ministerio de Justicia sigue atendiendo las peticiones de declaraciones de reparación previstas en la ley.
Así, desde la pasada legislatura se han expedido 593 declaraciones, según sus datos, que elevan la cifra total desde la entrada en vigor de la norma a 1.945 documentos; además, se han atendido 9.564 consultas de ciudadanos en 2012, 1.315 en 2013, 479 año siguiente, 365 en 2015 y, a lo largo de 2016, 268 consultas.
El mapa de fosas se ha actualizado y en 2015 tuvo 81.708 visitas en internet que se elevaron a 91.416 en 2016.
El senador del PP ha invitado al PSOE a presentar enmiendas para incluir esta dotación vía enmiendas en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
Desde otros grupos, la senadora de Unidos Podemos Pilar Garrido ha apoyado la iniciativa socialista y ha advertido de que aún quedan «muchas fosas por abrir», tal y como han advertido organismos internacionales que reprochan a España su pasividad en la materia.
Laura Castel, de ERC, ha remarcado igualmente que es preciso «dignificar a las víctimas» y «recuperar la memoria» de los hechos pasados, y María Teresa Rivero, del PDeCAT, ha insistido en que «hay mucho trabajo por hacer» y es necesario «tomar conciencia de lo que hemos sido sin ningún tipo de complejo y sin poner ningún velo a la verdad».
Finalmente, la votación socialista ha sido desestimada por 15 votos en contra de los senadores del PP y diez a favor de los demás grupos.