La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.
Fuentes jurídicas han informado del fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha rechazado el recurso interpuesto por Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra la desestimación de la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros.
Las fuentes han precisado que el Supremo no se pronuncia sobre el contenido de la petición, sino que avala la respuesta negativa que en su momento dio el Gobierno, pues era congruente con lo solicitado.
El exjuez Baltasar Garzón ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional tras la decisión del Tribunal Supremo.
«No compartimos la decisión del Tribunal Supremo. La Sala se alinea, una vez más, en contra de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación en favor de los perpetradores», han señalado los juristas en un comunicado.
Tal es así que han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional y, en su caso, una demanda ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
«Esperaremos los argumentos, pero adelantamos que habrá recurso de amparo y en su caso demanda ante el TEDH. España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas», han puntualizado.
En el escrito inicial, los juristas pidieron al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
La solicitud, presentada en virtud del Derecho de Petición, coincidió con el 40 aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange.
Reclamaba también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, «pueden incitar al odio».
Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado «pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral».
El escrito proponía la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957 respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.
Los juristas pedían la transformación del Valle de los Caídos en un Espacio de Memoria, donde las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.
Para ello, se solicitaba al Gobierno la aprobación de la dotación económica suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.