Con las grandes ciudades de España adaptando sus calles al auge de la movilidad en bicicleta, los ciclistas marchan ahora hacia un objetivo más ambicioso: una regulación que los proteja a nivel nacional. Y cada vez están más cerca de conseguirlo.
Los avances son lentos, pero esperanzadores. El Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB), que pretende armonizar en un único proyecto las diferentes iniciativas a nivel municipal y autonómico, está desde hace unas semanas en los despachos del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que ya se ha pronunciado: lo considera una «prioridad» dentro de las políticas en Seguridad Vial.
El grupo de trabajo creado al efecto desde el Consejo Superior de Tráfico ya ha empezado a perfilar cómo llevar a cabo la organización del proyecto, pero aún falta saber qué se incluirá en la redacción final y, sobre todo, cuándo.
El plan propuesto, el primero que se haría a nivel nacional en España, está impulsado por la Mesa Española de la Bicicleta -que aglutina diversas asociaciones y entidades que luchan por los derechos de los ciclistas- y contiene medidas integrales en sanidad, transporte, educación vial y medioambiental o medidas legislativas y fiscales.
¿El objetivo? «Situar a la bicicleta como vehículo preferente en el ámbito de la movilidad sostenible», explica a Efe Manuel Martín, director técnico de ConBici, una de las asociaciones más activas en la negociación del proyecto.
Las asociaciones implicadas ven un poco más cerca el día en que España se ponga al nivel de Alemania, Reino Unido o Países Bajos, países que ya cuentan con un plan estatal de la bicicleta, un vehículo integrado plenamente en sus paisajes urbanos.
Mientras esperan el respaldo político prometido desde Tráfico, las entidades han recibido otro tipo de respaldo: el del balance de siniestralidad del año pasado. Diez ciclistas muertos menos que en 2015. «Cada vez se conoce más la normativa con respecto a los ciclistas y se empatiza más con ellos», argumenta Manuel.
Aun así, la integración de la bicicleta en las ciudades no es pacífica y topa con la dificultad de conjugar los dispares intereses de ciclistas, peatones y conductores. Algunos colectivos, como el Real Automóvil Club de España (RACE), propusieron el pasado mes de enero una serie de medidas para equiparar los ciclistas con los conductores: un seguro, una matrícula, un carné por puntos...
«La mejor manera de equiparar la bicicleta al resto de vehículos es dejarla crecer. Querer cargar el uso de la bicicleta con obligaciones como un carné o un seguro es querer quitarse a la bicicleta de en medio», rebate tajante el director de ConBici, quien confía en que el RACE «haya reflexionado y matice su anuncio».
Desde el RACE, sin embargo, sostienen que el carné por puntos a las bicicletas, una de las propuestas que más polémica causó, «no es más que una formación que habilite para compartir la vía con el resto de vehículos». Antonio Lucas, portavoz de RACE, argumenta, en declaraciones a Efe, que los ciclistas «deben entender que también tienen que tener sus obligaciones».
«Más de la mitad de los usuarios de bicicleta tiene más de 65 años, ¿qué tipo de formación han recibido estos usuarios?», explican desde la asociación de conductores, por lo que apuestan por una «regulación específica» para evitar vacíos legales y el desconocimiento normativo de muchos usuarios de bicicletas.
Otro de los frentes abiertos es el de los peatones. En algunas ciudades, como en Vigo, los transeúntes ya han alzado la voz por la instalación de carriles bici en la ciudad, lo que consideran una invasión de su espacio. «El carril bici perfecto es el que elimina carriles para los coches, no el que se hace encima de la acera», concluye Martín.
El punto de equilibrio entre los intereses de los colectivos en conflicto lo pretende encontrar Diego Infante, un estudiante de ingeniería industrial y triatleta por afición, que el 29 de abril recorrerá, junto con otros 15 ciclistas, los 360 kilómetros que separan Madrid de Valencia en una jornada sin descanso.
Diego es la cabeza visible de esta iniciativa, que cuenta además con un «crowdfunding» cuyos beneficios irán destinados a ConBici para realizar una campaña de concienciación de buenas prácticas en la carretera por parte de todos y de apoyo al PEEB.
Y con esta iniciativa también se busca, «aparte de decir a los conductores que respeten a los ciclistas, decir también a los ciclistas que hay muchas cosas que las hacemos mal en la carretera», asegura Diego.
«Los ciclistas exigimos derechos pero también vemos que nosotros mismos muchas veces no respetamos las normas», continúa.
La iniciativa también es una muestra de solidaridad y apoyo a la reclamación de Anna González, quien perdió en 2013 a su marido, Óscar, atropellado por un camión mientras circulaba con su bicicleta por un arcén de carretera.
El conductor del camión, que se dio a la fuga, quedó impune al aplicársele la reforma del Código Penal de 2015, que despenalizó este tipo de imprudencias leves, así como la omisión de socorro cuando el resultado del atropello era el fallecimiento, pues los tribunales consideraron que a un muerto no se le puede socorrer.
Una masiva recogida de firmas le ayudó a que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la recibiera y escuchara sus demandas de modificar el Código Penal hacia una nueva articulación que castigue las imprudencias leves con resultado de muerte, así como recuperar el delito de omisión del deber de socorro aunque el atropellado hubiera fallecido.
«Una ley justa», en definitiva, como reza el lema de la campaña impulsada por Anna, que proteja sobre todo a los ciclistas, el colectivo más vulnerable a los accidentes de tráfico.
En este proceso hacia la normalización del uso de la bicicleta en espacios urbanos, las ciudades ya han dado el primer paso. Que se extienda a toda España parece ser cuestión de tiempo.