Los grupos parlamentarios de la oposición han subrayado este martes en el Congreso la necesidad de modificar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' por sus detractores, para conseguir el equilibrio entre el «binomio libertad y seguridad». El PP les ha acusado de hacer demagogia asegurando que la norma impulsada por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz no ha provocado ninguna regresión en los derechos de los ciudadanos.
El Pleno del Congreso ha debatido este martes sendas proposiciones de ley presentadas por el PSOE y el PNV que pretenden sustituir la norma actual, que el PP aprobó en solitario en 2015. Gran parte de los grupos parlamentarios han destacado que la solución no es la que proponen los socialistas de volver a la ley de 1992, la conocida como 'Ley Corcuera' (por el ministro del Interior de entonces) que fue corregida por el TC, y que ha estado en vigor hasta 2011.
Entre otras cosas, el PSOE pretende derogar las sanciones a las personas que se manifiestan delante del Congreso y el Senado y por utilizar imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, buscan eliminar la posibilidad de que los periodistas se les requise ese material gráfico; imposibilitar los registros personales en lugares públicos y que no se considere infracción grave -con hasta 30.000 euros de multa- la falta de respeto a una autoridad pública o a un miembro de las fuerzas de seguridad.
Por su parte, el texto del PNV propone cambios en 44 preceptos de la 'Ley Mordaza' con el objetivo de que ésta sea «más respetuosa con los derechos fundamentales y las libertades públicas». Entre ellas, apuestan por establecer un «procedimiento legal y efectivo» de devoluciones en frontera, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
Atar «en corto» a los ciudadanos
El portavoz de Interior del PSOE Antonio Trevín ha afirmado que esta ley es una «correa que pretender atar más en corto a toda la ciudadanía» y ha dicho que aunque la normativa -recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional- se aprobó con la mayoría absoluta que ostentaba en ese momento el Ejecutivo, tenía también el «82 por ciento del rechazo de la sociedad».
El diputado socialista ha reprochado que el PP utilizase «la crisis para ir arrasando todo» y conseguir así, a su juicio, que la ley convirtiera al «ciudadano activo en reo sancionable», ya que, en su opinión, convirtió la libertad de expresión en «un bien de lujo» Asimismo, ha destacado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dijo sobre la conocida como 'Ley Mordaza' que era «provocar el efecto de desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales».
El ponente del PNV, Mikel Legarda, ha destacado que hay defender el binomio y el equilibrio entre la libertad y la seguridad, ya que la seguridad ciudadana es una «condición y no un condicionante». Por ello, ha dicho, que su partido se ha inspirado en la «redifinición de la actividad de la intervención» para presentar su propuesta.
Además, ha solicitado que en la ley sobre el rechazo en fronteras y las denominadas «devoluciones en caliente» se adapte a la normativa internacional en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana.
«Falsas premisas»
Sin embargo, el portavoz de Interior del PP, José Alberto Martín-Toledano, ha hecho hincapié en que se está rechazando la normativa aprobada por mayoría absoluta por los 'populares' con «falsas premisas», «afirmaciones demagógicas» y utilizando argumentos de «desgaste político» porque no hay regresión de derechos. En este sentido, ha afirmado que en estos años ha habido manifestaciones frente a las puertas del Congreso de los Diputados y que se han reproducido imágenes de las protestas de los ciudadanos en los medios de comunicación.
Asimismo, ha subrayado que ambas propuestas son «proposiciones contrapuestas y antagonistas», pues mientras que la del PNV ofrece un diálogo para «ver las diferencias» y ponerse «a trabajar», la de los socialistas pretender devolver a la ciudadanía a «la edad de piedra», ya que la ley de 1992 no está adaptada a la sociedad actual.
«Libertad es seguridad»
Ciudadanos, por su parte, ha adelantado su apoyo a la propuesta del PNV, pero ha rechazado la idea del binomio entre libertad y seguridad porque «la libertad es seguridad» y ha instado a recuperar el poder que otorgaba la Constitución de 1812 a las Cortes de Cádiz para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos.
«Señores conservadores no tengan miedo a la libertad», ha dicho el diputado de la formación naranja Miguel Gutiérrez, al mismo tiempo que ha indicado que son los jueces los que tienen que decir «qué se puede hacer» y no la Administración del Estado «controlada» por el Gobierno. Por otro lado, ha afeado al PSOE que su propuesta no busque la protección de las libertades, sino «titulares periodísticos».
Por su parte, el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea ha concretado que la 'Ley Mordaza' nació como consecuencia de la «indignación» de «algunos pobres» que «salieron a la calle» para protestar por los recortes llevados a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy por la crisis económica, al igual que ha manifestado el PSOE. Así lo ha dicho el diputado de Podemos Eduardo Santos, quien también ha pedido que se regule la normativa relacionada con las 'devoluciones en caliente' en las fronteras y se adecue con la establecida internacionalmente.
«Minimalismos» y «sobreactuaciones»
El diputado de UPN Carlos Salvador Armendáriz ha apostado también por alcanzar el binomio entre libertad y seguridad defendido por el PNV y ha ha tildado la propuesta socialista de «deficiente», pues, a su juicio, va a «generar más problemas que resolverlos». Así pues, ha abogado por realizar una normativa que no se fije en «etiquetas», en «minimalismos» ni en «sobreactuaciones».
También el otro socio electoral del PP, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, ha recalcado que la ley de Fernández Díaz es una «mala ley gestada a contracorriente», pero ha destacado el «talante» del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ya se puso a disposición de la comisión para dialogar y modificar el texto.
Mientras tanto, el representante de Compromís Joan Baldoví ha aplaudido que este martes «comienza, por fin» la derogación de una ley de Seguridad Ciudadana «desproporcionada y abusiva», aunque ninguna de las dos propuestas propongan cambios para defender los derechos de los ciudadanos.
Este mismo argumento ha sido seguido por Esquerra Republicana, cuyo diputado Gabriel Rufián ha subrayado que derogar una canallada» es algo que «esperas cuando te metes en esto de la política». Rufián ha criticado al PSOE que haya presentado ahora una propuesta para sustituir la 'Ley Mordaza' en un «ramalazo de dignidad que podía haber tenido hace 25 años», en referencia a la que impulsó su ministro José Luis Corcuera.
Oskar Matute, de EH Bildu, ha sido otro de los parlamentarios que ha recalcado la necesidad del binomio antes mencionado -al igual que también lo ha hecho Sergi Miquel i Valentí (PDeCat)-, pues, según ha indicado, la 'Ley Mordaza' no protege a los ciudadanos de un Gobierno que quiere «pisotear» los derechos de estos persiguiendo a usuarios de redes sociales, a periodistas y «cientos y cientos de personas». En esta línea, ha comparado la sociedad actual con la describió George Orwell en su libro '1984'.