El exsecretario de Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta ha reconocido este martes en el juicio a la trama de corrupción urbanística catalana Pretoria que cobró comisiones por mediar en adjudicaciones públicas y que ocultó a Hacienda 14,9 millones de euros.
«Reconozco los hechos y los acepto tal como están», ha dicho el que fue uno de los hombres de confianza del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol en relación a su participación en las operaciones inmobiliarias «Niesma» y «Badalona» que llevó a cabo la trama corrupta.
A preguntas de la fiscal, el exalto cargo de Convergencia ha negado haber acudido a políticos de la Generalitat como Artur Mas para que mediaran en las operaciones corruptas, aunque ha dicho que le conocía, al igual que al expresidente catalán Jordi Pujol, con quien ha «mantenido siempre» una relación.
El acusado ha reconocido así, como ya hizo el exconsejero Maciá Alavedra, que cobró comisiones de entre un 3 y un 4 por ciento a cambio de intermediar a favor de empresarios que optaban a conseguir adjudicaciones públicas, y ha confesado además que blanqueó dinero.
Prenafeta ha admitido que llegó a un acuerdo con Alavedra y con el cerebro de la trama Pretoria, Luis Andrés García «Luigi», para repartirse las comisiones de la llamada operación Badalona, relacionada con la compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de esa ciudad catalana.
Así, Alavedra, «Luigi» y él dividieron a partes iguales la comisión que le entregó a él el empresario inmobiliario Lluís Casamitjana, comprador de los terrenos pero a quien se levantó la imputación en este caso. Esa comisión, ha dicho, «era habitual del señor Casamitjana».
Lo mismo ocurrió en la operación «Niesma», sobre la venta de dos fincas en la localidad de San Andrés de Llavaneras, donde la mecánica fue la misma, ha explicado.
Respecto al blanqueo, ha reconocido que lavó dinero y que tenía dos cuentas en Andorra y Suiza, ninguna de ellas a su nombre. El dinero que ingresó en esas cuentas lo consiguió, ha argumentado, de sus labores de intermediación con varias empresas como Siemens, que no le contrataron, ha aclarado, por sus contactos.
La Fiscalía pide para Prenafeta una pena de 6 años y 10 meses de cárcel, junto al pago de una multa de 13,7 millones de euros por dos delitos de tráfico de influencias y uno de blanqueo, pero esta pena se podría rebajar tras su confesión.
De hecho, la fiscal Ana Cuenca le ha preguntado al término de su interrogatorio si está dispuesto a dedicar todos sus bienes al pago de la multa, a lo que ha respondido que sí.