El Ministerio del Interior ha remitido a través de Instituciones Penitenciarias la contestación a las 14 preguntas plateadas por la Fiscalía belga antes de estudiar mañana la posible extradición del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los otros cuatro exconsellers que se trasladaron a Bruselas, evitando la comparecencia en la Audiencia Nacional.
Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que en el documento, de 15 páginas, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones planteadas por la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión de Estremera el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.
El expresidente ingresaría, de acuerdo a este documento que incluye un dossier de fotografías de las instalaciones, en la cárcel de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su extradición.
De este centro se explica que es uno de los más "avanzados" de España, y que Puigdemont podría disponer de celda individual si la pide (salvo riesgo de suicidio prescrito por los médicos) o compartirla con alguno de sus exconsejeros. En Estremera se encuentran Oriol Junqueras y los otros cinco miembros cesados del Govern varones.
A Puigdemont se le asignaría una celda que incluye inodoro y una ducha en un espacio con separación, permitiendo la intimidad del interno cuando realice su aseo personal. De ello se da cuenta en una foto en uno de los anexos.
La celda dispondrá, además, del mobiliario para dos personas y de las estanterías para guardar sus pertenencias, con conexión para televisión y elementos de comunicación con las oficinas de los funcionarios.
La Fiscalía belga se interesa por las celdas de aislamiento (que se utilizan sólo en caso de agresiones violentas), la visita de familiares, las actividades lúdicas, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas. Interior explica que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían, en el caso de los hombres, en la prisión de Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco.
LAS PRISIONES CATALANAS GESTIONADAS POR PUIGDEMONT
Las citadas fuentes han explicado que uno de los razonamientos que se hacen en el documento es que "no parece comprensible que se intente proyectar sospechas sobre las condiciones de internamiento en España por personas que han gestionado las cárceles en Catalunya", caso del expresident Puigdemont, "con los mismos estándares legales y elementos materiales" que en el resto de centros penitenciarios del país.
Se recuerda igualmente que la legislación nacional prohíbe la tortura y los malos tratos de acuerdo a la Constitución y que el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria recoge que: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".
Instituciones Penitenciarias recuerda que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y existe una "supervisión constante" del respeto a los derechos humanos en las prisiones por el Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional. La asistencia médica está garantizada las 24 horas.
También se alude a que la Administración Penitenciaria española está directamente supervisada por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial y con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".
AISLAMIENTO SÓLO TRAS ACTOS VIOLENTOS
Como ha ocurrido en el pasado con el rechazo a la extradición de miembros de ETA reclamados por España, Instituciones Penitencias recuerda que "centros tipo" como el de Estremera, con instalaciones modernas y celdas de 11 metros cuadrados, utilizan las celdas de aislamiento "solamente si los internos protagonizan incidentes violentos especialmente graves contra el personal funcionario o contra otros internos".
En las celdas de aislamiento, no obstante, siempre se establece una supervisión por parte del servicio médico, teniendo que haber previa autorización del director del centro y con comunicación "inmediata" al juez de vigilancia penitenciaria.
También se subraya que los internos tienen garantizado el derecho a la defensa pudiendo acceder a sus abogados defensores, o expresamente llamándolos en cualquier momento de la jornada regimental y por el espacio de tiempo que necesiten. Para dar cumplimiento a este servicio, existen los correspondientes locutorios habilitados al efecto.
"¿Puede haber violencia en la cárcel? Y llegado el caso, ¿cuáles medidas son previstas para impedir que los implicados puedan verse confrontados con tal violencia de codetenidos o hasta del personal de la cárcel?", pregunta la Fiscalía belga. España contesta que la administración penitenciara "obliga a velar por la vida y la seguridad de los internos", por lo que se prevé la separación de internos no conflictivos de otros previsiblemente más agresivos. Esta medida ya se adoptó con Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros en prisión.
Con este fin, además, se establece una especial vigilancia por parte de los funcionarios, tanto presencial como electrónica, sobre aquellos internos que puedan ser objeto de hostilidad o rechazo por parte de la población reclusa.
El nivel de detalle del documento remitido a Bélgica es tal que, a preguntas del Ministerio Público, explica que el centro penitenciario de Estremera dispone de 1.214 celdas y que, actualmente, hay ingresados 1.071 internos, "lo que evidencia", explican las citadas fuentes, "que no existe sobreocupación". Como apunte final, a modo de nota, se insiste: "Todos los ingresos que se puedan producir tendrían garantizadas las condiciones de detención".