La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero por un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referéndum independentista del 1 de octubre.
Por ello, ha citado a declarar a Trapero para este viernes, 23 de febrero, a las 9.00 horas en calidad de investigado. Su sustituto al frente de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferran López, también deberá comparecer dos horas después ante la magistrada, aunque en su caso como testigo.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ya había imputado a Trapero y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana por un delito de sedición por los hechos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017. Lo que ha hecho ahora la jueza es ampliar la imputación al día del referéndum por la "total inactividad" de la policía autonómica ese día y al constatar que existió un "plan premeditado para evitar actuar".
CAPACIDAD INSTIGADORA E INTIMIDATORIA
En un auto, Lamela explica que "para asegurar el éxito" del proceso diseñado por el comité estratégico mencionado en el 'Enfocats' --la hoja de ruta secesionista-- "resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria" de los Mossos, "con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban".
"También se barajó el papel que los mismos habrían de desempeñar en el Estado independiente, planteándose incluso la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa y/o defensa", afirma.
Para la magistrada, es significativa la "actitud" mostrada por los Mossos "en las distintas movilizaciones sociales impulsadas desde las asociaciones soberanistas --en alusión a ANC y Òmnium Cultural-- para respaldar la consecución de los fines secesionistas, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil".
Es más, destaca que los días 20 y 21 de septiembre los mossos evitaron "intervenir en los casos" en los que los agentes de Policía y Guardia Civil eran "agredidos" y que "incluso en algunos casos llegaron a increpar e incluso a enfrentarse a alguno de ellos".
OBSTRUIR TODO LO QUE FUERA CONTRA EL PLAN INDEPENDENTISTA
Pero más allá de los hechos de septiembre, la magistrada recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acordó ordenar tanto a la Guardia Civil y la Policía Nacional como a los Mossos que impidieran el uso de locales o edificios públicos para la celebración del referéndum el 1 de octubre.
Sin embargo, hace constar en el auto que, "lejos de ello, la actuación de los Mossos fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia".
"Con esta finalidad, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico. La conducta observada por los Mossos desde el día 20.09.2017 hasta el 01.10.2017 fue de total inactividad", apunta.
ALUDE A LAS ÓRDENES DE PERE SOLER
En este sentido, la jueza destaca que esta "inactividad" de la policía autonómica "ya se percibía" en las declaraciones públicas del entonces director general del cuerpo policial Pere Soler, quien días antes del referéndum dejó claro que "la misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio".
Lamela subraya que días antes de la consulta tanto el fiscal jefe de Catalunya como el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo de seguridad para impedir el referéndum, comunicaron a Trapero que su plan de actuación para ese día "no era adecuado", por lo que "se comprometió a modificarlo con las recomendaciones que le dieron".
En cuanto a la actuación concreta de los Mossos el día 1 de octubre, la magistrada afirma que "no hicieron nada para desalojar los colegios" y que se mantuvieron "al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir" cuando agentes de la Benemérita eran "agredidos".
Su labor ese día, añade, estuvo "orientada" también en algunos casos a "obstaculizar la actuación de aquellas otras policías" y, en otros, "a increpar e incluso a enfrentarse a alguno de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que en el ejercicio de sus funciones se encontraban en el lugar".
CONTROLAR A POLICÍA Y GUARDIA CIVIL
Es más, Lamela considera que "la policía autonómica fue utilizada para controlar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional el día 1 de octubre, lo que debían comunicar a sus superiores", una comunicación que "tenía carácter prioritario, debiendo el resto de equipos dejar la red libre".
"La finalidad inmediata de Trapero en los hechos descritos estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el TSJC y en contra de las decisiones adoptadas por el TC", resalta.
Por todo ello, la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 imputa a Trapero un nuevo delito de sedición, "sin perjuicio de ulteriores calificaciones, y en particular de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal".
IDENTIFICAR A LOS MOSSOS DEL 1-O
Aparte de la citación de Trapero y López, la jueza ordena en su auto otras diligencias, en concreto a los Mossos d'Esquadra para que faciliten la identidad de las personas y medios orales y escritos a través de los cuales se comunicaron a los agentes las pautas de actuación previstas para el 1 de octubre, así como las órdenes y recomendaciones que debían presidir su actuación.
También solicita la identidad de los jefes de las unidades BRIMO (antidisturbios) y ARRO (recursos operativos) de los Mossos que se encontraban en servicio el día 1, además de la composición y funcionamiento de la cadena de comunicaciones internas entre los agentes y medios materiales utilizados.
Lamela pide además a la Guardia Civil que identifique a los mossos que realizaron actuaciones de vigilancia sobre cuarteles del Instituto Armado y comisarías de la Policía Nacional o sobre efectivos de dichos cuerpos el día 1 de octubre.
Por último, solicita a la Secretaría de Estado de Interior el "instrumento por el cual se nombró" a Diego Pérez de los Cobos y que informe de las "competencias y responsabilidades que se le atribuyeron" así como "comunicaciones que se efectuaron del citado nombramiento a distintas instituciones y organismos".