Las defensas de los ocho acusados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016 en Alsasua consideran que los hechos ocurridos aquella noche se han «magnificado» para hacerlos «compatibles con la gravedad que exigen los delitos de terrorismo», por lo que opinan que se han «forzado los límites» por parte de las acusaciones para imputar lesiones y amenazas terroristas.
Así lo ha manifestado este jueves Amaia Izco, la abogada de los acusados Jokin Unamuno y Ainara Urquijo, y han compartido el resto de letrados, durante la décima sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde el 16 de abril y en el que las defensas han expuesto sus informes finales.
«Forzar los límites del precepto de terrorismo y acudir a una definición expansiva del concepto, a una interpretación absolutamnte abierta de la norma penal, permitiría enmarcar los hechos en terrorismo. El tribunal sólo podría llegar a la conclusión de terrorismo admitiendo que esta norma penal es demasiado abierta, poco clara y poco cierta», ha afirmado.
En este sentido, Izco ha manifestado que a los ocho acusados no se les atribuye «ninguna relación» con «organización terrorista alguna», en este caso ETA, y que el movimiento Ospa Eguna --que defiende la expulsión de las fuerzas de seguridad del País Vasco y Navarra y con el que se vincula a su defendido Jokin Unamuno-- no se ha definido nunca como terrorista.
«No hay modo alguno de atribuir a los acusados actuación alguna de integración en organización terrorista, pero tampoco de estar amparados en ella. A pesar de lo que dice el fiscal, no se ha promovido la denominación de Ospa como movimiento terrorista», ha señalado.
EL OSPA NACIÓ DESPUÉS DE 2011
En este punto, tanto la abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo como los de Ohian Arnanz y Julen Goicoechea han cuestionado el informe de la Guardia Civil que en el juicio fue presentado como prueba pericial según el cual se vincula un manual incautado a ETA en 1999 con el movimiento Alde Hemendik (Fuera de aquí), que a su vez deriva en la festividad de Ospa Eguna, que venía celebrándose en Alsasua desde 2012.
Aparte de cuestionar la procedencia de dicho manual, ya que ha destacado que «no consta ningún elemeto que acredite su veracidad», Izco considera que el día de Ospa --en el que Jokin Unamuno estaba implicado-- no tiene «ninguna relación» con dicho documento, ya que nació cuando ETA ya había cesado su actividad armada.
Para la letrada, «sean de mejor o peor gusto» las actividades que se han venido programando en el Ospa Eguna de Alsasua desde 2012, son «denuncias por las actuaciones» de la Policía Foral o de la Guardia Civil, que se consideran «abusivas», pero ha remarcado que se han celebrado siempre «sin ejercer violencia».
En su opinión, la agresión ocurrida el 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra se produjo «enmedio de un entorno festivo» y, por tanto, fue algo «fortuito que no había ocurrido antes» en ese local. «Son hechos aislados, sin un objetivo violento o una finalidad determinada. Y las lesiones son de menor entidad: moratones, raspazos o un tobillo roto. A ojos de un observador ajeno no se aprecia ningún sesgo, ninguna naturaleza terrorista», ha explicado.
Según Izco, el hecho de que las cuatro víctimas, tal y como relataron ante el tribunal, sintieran «miedo o pánico» cuando ocurrieron los hechos «no se puede confundir con que los hechos tuvieran el fin de aterrorizar a la población» de Alsasua. Es más, ha descartado la «estrategia de expulsión» enarbolada por el fiscal, ya que el teniente de la Guardia Civil agredido llevaba un año frecuentando locales del municipio, entre ellos el Koxka.
LA GUARDIA CIVIL, «JUEZ Y PARTE»
Por su parte, el abogado del principal acusado, Ohian Arnanz --para quien se piden 62 años y medio de prisión--, Jaime Montero, ha acusado de «falta de imparcialidad» a la Guardia Civil en este caso por ser «juez y parte» del procedimiento al investigar los hechos y el hecho de que dos de sus miembros sean las víctimas.
Así, ha dicho que fue después de reunirse con el entonces director de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, cuando el teniente pasó a denunciar los hechos ante su propio cuerpo policial y que sólo 24 horas después de lo ocurrido se empezó a vincular con el movimiento Ospa Eguna.
Además, ha criticado el proceso de identificación de los sospechosos, ya que su defendido fue descrito con el pelo rubio, cuando él, según han declarado algunos testigos durante el juidio, no lo tenía así ni entonces ni ahora. También la novia del teniente, María José N.C., habló de un joven con ojos azules.
Montero ve «factible» el «error» en la identificación, que se pudo deber a la «oscuridad del bar», pero también al hecho de que Ohian Arnanz estuvo en el Koxka aquella noche, pero «no participó en la agresión». Además, el letrado ha dicho que «no consta en ninguna parte» que su defendido pertenezca al movimiento Ospa.
El abogado de Julen Goicoechea, Manuel Ollé, también ha denunciado el proceso de identificación de su defendido, al que situaron en las ruedas de reconocimiento con otras cuatro personas de origen latinoamericano. También ha remarcado que las víctimas le han situado en el Koxka, pero no recuerdan si agredió o qué ropa llevaba y tampoco salió del local.
Y al igual que sus predecesores, ha cuestionado la investigación del Instituto Armado, sobre todo en lo que respecta al informe pericial sobre la vinculación entre ETA y el movimiento Alde Hemendik. «Son ellos mismos quienes han fabricado esa prueba de inteligencia. Tenemos la impresión que se ha hecho la casa por el tejado para hacer el traje correspondiente», ha resaltado.