Un total de 38 asociaciones vecinales de Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco se han agrupado en una asociación coordinadora para solicitar al Gobierno tener «voz y voto» en la legislación de las viviendas de uso turístico.
Esta asociación tiene como objetivo defender conjuntamente sus derechos en unos momentos en los que la «turistificación» y la «vertiginosa y descontrolada» expansión de las viviendas de uso turístico están «degradando» la calidad de vida de las ciudades y «expulsando al vecindario de sus barrios».
Tras las reuniones mantenidas entre el Gobierno y Airbnb, la asociación ha enviado cartas al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, con Airbnb, en las que pedían reuniones para dar a conocer su postura, así como estar presentes en las reuniones que tengan como finalidad el estudio de la situación legal futura del sector, según ha informado la Asociación de Vecinos Bajo Albayzin a través de un comunicado.
La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Barrios Turísticos agrupa a federaciones, plataformas y asociaciones vecinales de ciudades españolas afectadas por los «fenómenos de gentrificación», pérdida de calidad de vida e incremento exponencial del precio de la vivienda residencial «fuertemente ligados a un modelo de industria turística intensivo y caracterizado por la desregulación».