Las 127 páginas del escrito que ha elaborado la Fiscalía para acusar a los 18 exdirigentes catalanes que se sentarán en el banquillo de los acusados por organizar el denominado 'procés' en Catalunya están plagadas de adjetivos con los que argumentar la tesis de la rebelión que, a su juicio, se produjo en 2017 y que condujeron a la declaración unilateral de independencia.
Así, adjetivos como «criminal», «violentas», «agresivo», «graves», «ilícitas», «intimidatoria» u «hostil» les sirven a los fiscales del caso para relatar los hechos que se produjeron en Catalunya y que les llevan a pedir penas de entre 7 y 25 años de prisión para los principales acusados.
Para empezar, el Ministerio Público considera que la estrategia diseñada por las principales instituciones, partidos y entidades soberanistas catalanas con el fin de lograr la independencia de esa comunidad autónoma se basaba en una «actuación convergente» de todos ellos mediante una «acción combinada y sincronizada».
Para alcanzar el «resultado criminal pretendido», según los fiscales, los acusados se valieron de una «fuerza intimidatoria», siendo conscientes de la «notoria ilegalidad» de su proceder y de la «altísima probabilidad» de que esto llevara a «incidentes violentos».
«Ilegalidad» es un sustantivo que se repite en varias ocasiones en el escrito de acusación, siempre acompañada de adjetivos como «notoria», «patente» o «manifiesta» para dejar claro que los exdirigentes catalanes conocían las consecuencias que podían acarrear sus actos.
Para la Fiscalía, a través de las acciones que vinieron poniendo en marcha los acusados «se estaba cristalizando de forma abierta y ostensible una insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden jurídico establecido».
«Violentas», «violento», «grave» o «agresivo» son otros adjetivos que se repiten varias veces a lo largo del escrito para definir los incidentes que se produjeron entre septiembre y octubre de 2017 como consecuencia, según los fiscales, de la actuación de los exdirigentes catalanes.
Así, el Ministerio Público habla de «estrategia de movilización creciente y permanente» que derivó en «violentos sucesos» o «graves enfrentamientos» como los ocurridos frente a la Conselleria de Economía la noche entre el 20 y 21 de septiembre, donde los coches de la Guardia Civil acabaron «devastados y destrozados».
«Agresivo» y «hostil» son los adjetivos que ilustran el comportamiento al que, dice la Fiscalía, se tuvieron que enfrentar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Catalunya durante los días previos al referéndum del 1 de octubre, cuando se llevaron a cabo numerosos registros por orden judicial de cara a tratar de evitar la consulta.
En esos días, los fiscales mencionan la aparición «estelar» de los conocidos como los 'Jordis' --Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, dirigentes de las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente--, a los que otorgan un «papel relevante en el plan rebelde».
El Ministerio Público cree que en esos días previos al 1 de octubre tanto miembros del antiguo Govern como los 'Jordis' alentaron a la ciudadanía a votar en el referéndum independentista aún a sabiendas de que con ello se podían producir «explosiones violentas».
Y en la jornada de la consulta, la Fiscalía hace una especial mención a la actuación de los Mossos d'Esquadra, siendo «manifiestamente dilatoria y tolerante» con la votación, ya que las parejas de agentes desplegadas en los colegios permanecieron «absolutamente pasivas».
En cuanto a los choques entre ciudadanos y policías nacionales o guardias civiles que se sucedieron a lo largo de toda la jornada del 1 de octubre, los fiscales hablan de «violento y agresivo enfrentamiento propiciado frente a la actuación policial por la masa de personas congregadas» en los centros de votación.
Según el relato del escrito de acusación, los votantes ofrecieron una «resistencia grave al cumplimiento de la función encomendada por los servicios policiales», ya que la actitud fue «resistente y contumaz».