Las próximas elecciones generales costarán 138.961.517 euros según el presupuesto preparado por el Ministerio del Interior, lo que supone un incremento de 8,28 millones de euros respecto a los comicios de 2016, un 6,3% más, debido al incremento de algunas partidas y del IPC. Este año, al igual que entonces, el Gobierno ha tenido que disponer de partidas extraordinarias porque no estaba previsto el adelanto electoral.
Este presupuesto sirve para pagar la maquinaria que se tiene que poner en marcha para organizar y celebrar los comicios del 28 de abril y que es compleja: desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia y la propaganda, hasta la impresión de papeletas y sobres o el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde el Ministerio del Interior se ha informado a Europa Press de que el coste total alcanzará esos 138,9 millones de euros, aunque no se ha facilitado de momento el desglose por partidas, ya que se están realizando ajustes.
El crecimiento del gasto con respecto a 2016 es la suma de pequeños incrementos en distintas partidas, aseguran desde ese departamento. Por ejemplo, crecerá la dieta que reciben los miles de ciudadanos que tienen que encargarse de las mesas electorales, aunque no se ha precisado aún la cantidad.
En las pasadas elecciones, fueron 172.000 personas las que atendieron las mesas de votación y cada uno de ellos cobró 63,24 euros por aquella jornada de domingo. DE
CORREOS A LA DIFUSIÓN DEL ESCRUTINIO
El capítulo más caro suele ser el de Correos (48 millones en 2016), pero también es importante el de las telecomunicaciones y la difusión del escrutinio. Este dato sí se conoce ya porque el Gobierno convocó y resolvió el concurso para contratar a una empresa. Lo ganó una vez más Indra, por 7,44 millones de euros, por debajo de los 10 millones que como máximo preveía gastar el Ejecutivo.
Esta empresa se encargará de distribuir la información del recuento pero también dará apoyo informático a las Juntas Electorales e integrará los resultados definitivos en la base de datos de los resultados electorales del Ministerio del Interior.
El presupuesto del gasto electoral incluye también el coste de organizar los colegios electorales, los millones de papeletas y sobres, el montaje de mesas urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, una logística que se repite unas elecciones tras otras (5,1 millones en las pasadas generales).
También se paga el despliegue policial (unos 13 millones en 2016) y de representantes de la Administración (6,76 millones entonces), el coste de la Oficina del Censo Electoral (5,2 millones) o el de SUBVENCIONES ELECTORALES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Este no es el único coste que tienen las generales. El Estado paga también a los partidos políticos una subvenciones que van ligadas a los votos y escaños que logran en los comicios, pero que no están incluidas en ese presupuesto de la maquinaria electoral. Los partidos políticos las reciben una vez transcurridas las elecciones.
Este año, subvencionará con 21.167,64 euros cada escaño del Congreso y del Senado que obtengan el próximo 28 de abril, la misma cantidad que en los últimos comicios de junio de 2016. El coste se fija en una orden ministerial que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a principios de marzo.
Por otra parte, se subvencionará con 0,81 euros cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, siempre que al menos uno de sus miembros obtenga escaño de diputado. En el caso de la Cámara Alta, la subvención será de 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que obtenga escaño de senador. Estas cantidades también se mantienen constantes con respecto a las últimas elecciones.
Todos los gastos de campaña que hagan los partidos tienen que ajustarse a unos límites, es decir, no pueden invertir dinero sin límite. El máximo es el resultado de multiplicar 0,37 euros por los habitantes con derecho a voto en las circunscripciones donde se presente cada cual.
Según esta fórmula, los partidos que se presenten en toda España (36,89 millones de personas componen el censo electoral) podrán como máximo gastar 13,65 millones de euros, un límite al que sólo se acercan los dos grandes partidos, PP y PSOE.