El Ministerio de Educación eliminará «excepcionalmente» por la pandemia el requisito de realizar el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia, ante las dificultades de muchas comunidades autónomas para encontrar profesores sustitutos y cubrir las contrataciones previstas para este curso.
«Muchas comunidades autónomas han manifestado sus dificultades para encontrar profesorado para cubrir las contrataciones previstas, máxime cuando la situación sanitaria ha obligado a retrasar hasta 2021 las pruebas para ingreso de funcionarios docentes. A algunas CCAA se les ha acabado la lista de sustituciones», ha explicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, este jueves en rueda de prensa.
Así lo ha anunciado tras la reunión de la séptima conferencia sectorial de Educación y la segunda interministerial con Sanidad desde el inicio de la pandemia, durante la cual la ministra Isabel Celaá, junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y los consejeros de todas las comunidades autónomas han analizado el comienzo del curso escolar.
Así, el Ministerio ha decidido «flexibilizar» los requisitos para el ejercicio de la docencia «de manera excepcional y limitada hasta que concluya el curso académico de la pandemia».
En concreto, ha precisado que se podrá nombrar funcionarios interinos a personas que no hayan cursado el máster que acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en ESO, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas, pero cumplan todos los demás requisitos, siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo.
«Se garantiza así que se puedan incorporar de manera urgente a las plantillas docentes», ha subrayado Celaá, en relación a esta contratación excepcional de profesorado de refuerzo.
Entre otras medidas acordadas, también han decidido adaptar las pruebas de acceso a la Universidad, para asegurar «el mayor grado de certeza» a los alumnos y profesores de segundo de bachillerato, de forma que estos exámenes seguirán un modelo similar al del curso pasado adaptados a las circunstancias de la pandemia.
Esta adaptación se aplicará también a las prácticas de Formación Profesional con la reducción de la duración de los módulos de formación en centros de trabajo (FCT) al mínimo establecido en la ley (220 horas), la integración del módulo de FCT en el módulo de proyecto en el caso de la FP Superior o la creación de un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo en el caso del Grado Medio y la FP Básica.
Igualmente, el Ministerio de Educación estudiará cambios normativos que permitan adaptar el currículo y las programaciones didácticas para recuperar los «aprendizajes imprescindibles» que no pudieron alcanzarse el curso pasado, ante la «dificultad» manifestada por muchas CCAA y centros a la hora de hacerlo por la «rigidez del modelo de currículo».
La ministra ha reiterado la obligatoriedad de asegurar la formación a tiempo completo y en las mejores condiciones, tanto a los alumnos que acuden de manera presencial a los centros como a aquellos que reciben clases a distancia y a los que se encuentran en cuarentena, por dar positivo en COVID-19 o por ser contacto estrecho. «No podemos permitir que ningún estudiante desatienda su proceso de formación», ha enfatizado.
Preguntada por las quejas de familias que dicen que no se está garantizando de manera adecuada la formación online en caso de cuarentenas, la ministra de Educación ha asegurado que en «muchísimas CCAA» ya se está dando este servicio online y ha precisado que en aquellas donde no es así, el problema tiene que estar «resuelto en 15 días».
Además, Celaá ha puesto de relieve que al producirse los confinamientos por grupos burbuja, que suelen ser de unos 20 alumnos, es fácil garantizar que todos cuenten con las herramientas digitales para seguir las clases y, en caso de que algún estudiante no disponga de ellas, se le hará «un préstamo».
En esta línea, ha informado de que, en el marco del programa Educa en Digital, prevén disponer de medio millón de dispositivos electrónicos en torno a Navidad. Por otro lado, Celaá también ha garantizado que se ofrecerá un apoyo especial al alumnado más vulnerable, con dificultades de aprendizaje o emocionales.
Respecto al absentismo, ha comunicado que la mayoría de las CCAA han afirmado que lo veían como un problema de alguna dimensión al principio pero que finalmente se ha mostrado «de poca relevancia», siendo tres las comunidades donde se observa que «grupos minoritarios culturales sí persisten en la no asistencia a clase».
En este sentido, el Ministerio encargó un informe a la Abogacía del Estado, que este jueves han puesto a disposición de las CCAA en el que se concluye que «la pandemia per sé no exonera de la obligación de atender a las clases en la enseñanza obligatoria».
Durante la reunión, se ha facilitado también a las CCAA un documento con recomendaciones higiénico-sanitarias elaboradas conjuntamente con el Ministerio de Sanidad para las prácticas en enseñanzas de FP con personas ajenas a los centros educativos, especialmente Hostelería, Imagen Personal y Sanidad.
La ministra ha concluido que el objetivo común que se habían propuesto, el de abrir la escuela, «se ha cumplido» aunque «no ha sido fácil» y ha destacado que en el 95,5% de los centros educativos no se ha producido «ninguna incidencia» relacionada con el COVID-19.
Actualmente, hay 2.852 aulas de toda España confinadas, el 0,73% del total y la ministra ha descartado un confinamiento total como el de marzo. Desde principios de septiembre, más de 8 millones de estudiantes no universitarios y más de 700.000 docentes han regresado a las aulas en más de 30.000 centros educativos.
«Este inicio de curso es una demostración de que las medidas que acordamos y en las que llevamos trabajando estos meses están funcionando», ha señalado Celaá, quien ha reconocido el gran esfuerzo, compromiso y profesionalidad de los docentes.
Preguntada por las críticas que está recibiendo el Gobierno por tramitar durante la nueva ley de educación, la LOMLOE, y en concreto por las críticas según las cuales, la ley nacerá obsoleta, la ministra ha dicho que no está «en absoluto de acuerdo» pues «si algo ha puesto de manifiesto la pandemia es la necesidad de activar transformaciones urgentes en el sistema educativo».
«La educación, la digitalización, la incentivación del profesorado o el índice de abandono escolar no pueden esperar más. Bienvenido sea el proyecto y toda la tramitación y todo el debate que se abre ahora con extensísima participación», ha zanjado.