El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves el decreto ley que prorroga el sistema especial de protección al empleo de los ERTE y las ayudas extraordinarias a los autónomos hasta el 31 de mayo, con el único voto en contra de Vox. Eso sí, la oposición ha forzado su tramitación como proyecto de ley, en contra del criterio del Gobierno, ya que PSOE y Unidas Podemos han votado en contra, lo que permitirá a los grupos presentar enmiendas con las que modificar esta norma ya en vigor.
Durante la defensa del decreto ley, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado «ser más ambiciosos» y facilitar ayudas a las pequeñas empresas y las personas autónomas con el fin de asegurar el mantenimiento del empleo y evitar que la crisis «se convierta en una crisis terminal».
Así, Díaz ha llamado a «hacer todo lo posible para que una crisis coyuntural no se convierta en una crisis terminal, estructural». En este sentido, ha defendido «profundizar en el mantenimiento del empleo».
«Es el momento de que las empresas pequeñas y las personas trabajadoras autónomas dispongan de ayudas. Esta crisis no puede ser irremediable para nadie», ha reivindicado la titular de Trabajo, que ha anticipado la llegada «a una fase post-ERTE», lo que obliga al Gobierno «a ser más ambiciosos».
«Este es el momento en que tenemos que culminar nuestra tarea: Defender nuestra economía, a nuestros trabajadores y nuestras empresas», ha asegurado, anticipando la adopción de decisiones «que pongan a salvo» los sectores productivos, que permitan la reindustrialización del país y «que esta crisis no se cronifique».
En su defensa del decreto ley y de la prórroga del sistema de protección de los ERTE, Yolanda Díaz ha asegurado que esta experiencia demuestra «que es posible blindarse ante la destrucción de empleo, incluso en las más adversas circunstancias».
Así, ha explicado que «el escenario que está construyendo» la continuidad del sistema «incorporará la dinámica de flexibilidad interna al funcionamiento ordinario del mercado de trabajo» y facilitará «una alternativa a los despidos ante las caídas en la actividad».
También para «propiciar oportunidades formativas» y la «especialización» de las empresas para aprovechar la paralización de la actividad, obligada por las circunstancias sanitarias, y por ello ha defendido la fórmula de la formación proporcionada por las propias empresas y las convocatorias estatales.
«Fruto de esta estrategia, que nos compromete y que será emblema de nuestra gestión, más de un millón de personas trabajadoras durante sus ERTE han accedido a acciones formativas, que son garantía de empleabilidad y futuro», ha asegurado.
Apoyo al real decreto
Durante el turno de debate posterior, todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, ha adelantado su voto a favor del decreto ley que prorroga hasta el 31 de mayo el sistema de protección de los ERTE y las ayudas los autónomos, así como los contratos de alquiler y la moratoria de rentas en aplazamientos o reestructuraciones de deuda para inquilinos de grandes tenedores de vivienda, en este caso hasta el 9 de mayo.
Sin embargo, pese al apoyo, muchos de los grupos han reclamado la puesta en marcha de un plan de ayudas directas, o han criticado aspectos concretos del sistema de protección, como la cláusula de mantenimiento del empleo, en el caso del PP y el PDeCAT.
«Su Gobierno es un Gobierno de surferos, que no se mueve hasta que no llegue la ola y no se mueve hasta el último minuto», ha criticado Diego Movellán (PP), mientras que María Muñoz, portavoz laboral de Cs, advertía de que, si no ha habido ayudas directas cuando se levanten las medidas de protección, «en España va a quedar un solar totalmente arrasado».
Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, ha dicho que «prorrogar los ERTEs no es un éxito, sino un fracaso» y ha destacado que desde el inicio de la crisis, se han destruido el 17% de las empresas por falta de ayudas desde el Gobierno.
Despidos
Esther Peña, del PSOE, ha cargado contra el PP por pedir la derogación de la cláusula del mantenimiento del empleo, pues cree que lo que se busca con ello es «facilitar despidos gratuitos» y le ha instado a encargarse de estas ayudas desde sus Ejecutivos autonómicos: «Este Gobierno pone de su parte, pero las comunidades tienen que complementar», ha dicho.
Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, ha destacado cómo, pese al desplome del 11% del PIB, el empleo haya caído un 2%, cuando en las anteriores crisis el mercado laboral se resintió en mayor medida que el conjunto de la economía, pero ha llamado a «modificar la legislación laboral cuanto antes», anticipando «una victoria histórica para la clase trabajadora».
Por EH-Bildu, Oskar Matute ha destacado que esta protección del empleo es posible por una intervención del Estado en la economía, y por ello ha defendido la exigencia de mantener el empleo y no despedir, pero ha pedido a Díaz que «no permita que la CEOE utilice el diálogo social como herramienta con capacidad de veto» de cuestiones como la subida del salario mínimo o la derogación de la reforma laboral.
Por su parte, el PNV ha cuestionado aspectos contenidos en el alquiler, como aspectos del aplazamiento en las rentas del alquiler, la automatización del levantamiento de actas de infracción a través de un algoritmo que mire la temporalidad y que se posibilite, a su juicio, un «acceso indiscriminado» de la Seguridad Social al expediente sanitario del trabajador.