El Gobierno decidió desplegar al Ejército en Ceuta para reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad en el control de las fronteras tras la entrada, según el Ministerio del Interior, de más de 8.000 migrantes procedentes de Marruecos desde la madrugada del pasado lunes, aunque la Guardia Civil eleva la cifra hasta las 9.000 personas.
La llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta, interpretada por el Gobierno como un «desafío» de Marruecos, provocó la mayor crisis diplomática en años entre ambos países y un mensaje de firmeza del Ejecutivo garantizando la integridad territorial de España.
No fue hasta ayer al mediodía que las fuerzas antidisturbios de Marruecos empezaron a cortar el paso a los cientos de jóvenes que se dirigían a la frontera.
Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien puso voz al malestar por la actitud de Marruecos y reconoció que es una situación grave para España y para Europa y que se actuará contra ella con todos los medios que sean necesarios.
«Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío», manifestó Sánchez en referencia a las fronteras españolas y a los ciudadanos que viven en las dos ciudades autónomas. Son palabras que pronunció en una declaración institucional en Moncloa poco antes de desplazarse a Ceuta y Melilla para conocer sobre el terreno la evolución de los acontecimientos. A su llegada a Ceuta y Melilla, grupos de personas concentradas en la calle profirieron insultos contra el presidente y alcanzando incluso uno de los coches.
La firmeza prometida por Sánchez se quiso explicitar en la decisión de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, de convocar a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Laya le trasladó el rechazo formal de España a la entrada masiva de inmigrantes ilegales y apeló a la corresponsabilidad en el control de las fronteras.
Poco después de esa reunión, el Gobierno marroquí llamó a consultas a su embajadora en Madrid. La última vez que hubo una llamada de este tipo fue en 2007, cuando Marruecos llamó a su entonces embajador Omar Azziman para protestar por el anuncio de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.
El Gobierno se resiste a vincular públicamente la actitud de Marruecos con la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, hospitalizado en Logroño por coronavirus.
Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero señaló que las crisis migratorias «responden a causas múltiples y son demasiado complejas como para establecer causa-efecto». Sin embargo, la avalancha de inmigrantes desde territorio marroquí llega después de las protestas de las autoridades de Marruecos por la presencia en España de Ghali.
Quejas
Hace una semana y después de varias quejas públicas, el Gobierno marroquí ya advertía a España de que no debía de «minimizar el impacto grave» de la crisis provocada por la presencia del líder del Frente Polisario y decía que tomaba nota de que no les hubieran informado previamente pese a que se argumentara que se le había acogido por razones humanitarias.
Sánchez apeló a Marruecos a seguir manteniendo la colaboración, pero ante su actitud, exigió respeto a las fronteras al tiempo que insistió en que garantiza la integridad territorial y la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos «cualesquiera que sean las condiciones necesarias».
Como prueba de ello, citó el despliegue de militares en la frontera ceutí junto a un incremento de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Además de informar al Rey, de contactar con diversas autoridades europeas que trasladaron su apoyo a España y de conversar con el líder de la oposición, Pablo Casado, el presidente creó una comisión específica para el seguimiento de la crisis migratoria.
Una crisis ante la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó de la devolución de 2.700 inmigrantes irregulares, ninguno de ellos menor.