La ministra de Justicia, Pilar Llop, insistió el miércoles en que corresponde al Tribunal Supremo unificar doctrina sobre las resoluciones de los distintos tribunales superiores de justicia sobre las medidas restrictivas contra la COVID 19 que apliquen las Comunidades Autónomas. Llop hizo estas declaraciones después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya tumbado la aplicación del certificado COVID para la hostelería y el ocio nocturno, una medida sobre la que el Supremo se mostró favorable.
En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Llop defendió las singularidades de cada territorio en España en cuanto a la población y la densidad, al ser cuestionada sobre los perjuicios de que 17 tribunales superiores diferentes establezcan criterios distintos por comunidades. A este respecto, Llop insistió en que para evitar la disparidad existe la posibilidad de recurrir al TS, al que le corresponde unificar la doctrina. «Los jueces son independientes en sus resoluciones, pero será el Tribunal Supremo al que le corresponda unificar los criterios», destacó.
Defiende el marco jurídico actual
Al ser cuestionada sobre la tardanza que supondría presentar recursos al Supremo y la necesidad de medidas inmediatas frente al rápido incremento de los contagios de los últimos días, Llop respondió que hay que seguir apelando a la vacunación y que la clave del éxito ha sido la cogobernanza en materia sanitaria con las comunidades autónomas, al tiempo que ha recordado que más del 90 % de la población cuenta con la pauta completa. Además, la ministra defendió el actual marco jurídico y jurisprudencial y volvió a rechazar la necesidad de una ley específica de pandemias, como le ha pedido el PP en repetidas ocasiones. Así, recordó que el Tribunal Constitucional en sus dos últimas resoluciones dijo que para suspender derechos se deben decretar el estado de excepción y no de alarma y que hay que respetar y acatar estas sentencias.