Anabel buscaba una forma de ganar más dinero para poder prejubilarse. Es entonces cuando, junto a su esposo, decidió comprar una segunda vivienda y así obtener ingresos adicionales. Sin embargo, a esta propietaria navarra le okuparon la casa, por lo que no solo no puede retirarse sino que está obligada a tener dos trabajos para llegar a fin de mes.
La mujer tiene ya 62 años y debe mantener sus dos empleos. "Estamos en tratamiento psiquiátrico", explicó Anabel en una entrevista concedida al programa de Cuatro En boca de todos. En sus declaraciones, la propietaria explica haber dedicado, tanto ella como su marido, toda la vida a trabajar y que "este país salga adelante": "No hay derecho a que nuestros últimos años los pasemos así".
Este calvario comenzó en la pandemia. Anabel tenía como inquilinos a dos inmigrantes, una pareja, que entraron a su piso de Pamplona en 2018 al presentar un contrato laboral. Sin embargo, el confinamiento y los problemas que ocasionó el virus ocasionó el retraso de algunos pagos. Anabel asegura que fue "flexible" con ellos, ofreciéndoles más tiempo para las mensualidades. Al final, los inquilinos dejaron de pagar.
El matrimonio llevó el caso a juicio en enero de 2023, cuya sentencia dictaminó el desahucio de los okupas. Previsto para mayo del año pasado, se vio aplazado porque los inquilinos presentaban una situación de vulnerabilidad, con dos hijos pequeños y supuestamente sin trabajo. La Justicia volvió a intentarlo dos veces más, en octubre y diciembre, sin éxito. Ahora, Anabel denuncia en los medios lo que las administraciones no han sabido hacer.