El Juzgado de lo Penal número 2 de Granada celebra este viernes un juicio por calumnias contra la trabajadora de un establecimiento hostelero de Granada que denunció a su encargado por acoso sexual y laboral, de lo que salió absuelto y ahora solicita que sea condenada a dos años de prisión y el pago de 30.000 euros, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
Este asunto ha derivado en una demanda por parte de la defensa de la mujer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que sostiene que España ha «incumplido su deber de protección del derecho a la integridad psicológica» porque la Fiscalía no formuló acusación en su caso.
En la demanda se alude también a «la interpretación excesivamente rigurosa del tipo penal de acoso laboral» que existe en España y que hace que en la práctica «no exista una protección efectiva, siendo muy difícil de aplicar y quedando las conductas de acoso impunes».
Antes de dar este paso la trabajadora ya había acudido al Tribunal Constitucional, que ha inadmitido a trámite el recurso de amparo por no apreciar «especial trascendencia constitucional», según ha detallado su abogada, María Gallego Cano.
La trabajadora denunció a su encargado por presuntamente «haber sido sometida durante más de un año a reiterados actos vejatorios, en muchas ocasiones de contenido sexual, llegando a sufrir --según su testimonio-- abusos sexuales», tras lo que estuvo de baja médica y tratamiento psicológico.
El encargado fue absuelto por el Juzgado de lo Penal 4 de Granada por no haber sido «desvirtuada la presunción de inocencia», aunque la sentencia está recurrida. La abogada de esta empleada de la hostelería censura que se produjera la absolución «pese a existir una testigo que afirmó haber presenciado cómo el encargado le decía a la denunciante frases como eres una inútil, no sirves para nada» o «cada vez tienes el culo más gordo».
Ahora es la trabajadora y el secretario general del sindicato al que pertenece, CNT-AIT, quienes se enfrentan a una petición de dos años de prisión y 30.000 euros por un delito de calumnias, por la imputación efectuada y las acciones sindicales desarrolladas. El asunto se dirimirá este viernes en el Juzgado de lo Penal 2.
La abogada María Gallego Cano critica la actuación judicial y alerta de la «peligrosidad» de que dicha actuaciones judiciales generen un «efecto disuasorio en la denuncia de las personas que sufren acoso». Por su parte el sindicato CNT-AIT Granada afirma que esta actuación judicial es fruto de un «sistema patriarcal que ampara el acoso laboral, cuestionando a la trabajadora y reprimiendo la acción sindical», y señala «la responsabilidad» del establecimiento hostelero que ha mantenido al encargado en su puesto «tolerando estas conductas».