Las sanciones económicas a viviendas turísiticas ilegales cada vez son más duras y esto ha provocado que en Madrid se hayan quedado 530 pisos disponibles para residentes, según informa Preferente a través del Ayuntamiento. Las multas van de los 30.000 hasta los 100.000, por lo que se ha visto una reducción de estas.
El delegado de Urbanismo, Borja Carabanete, destaca, en una entrevista a 20 Minutos, que este régimen sancionador ha sido la clave para resolver el problema y que ya se han impuesto sanciones de entre 30.000 y 60.000 euros. Asimismo, ha destacado que las multas pueden alcanzar los 190.000 euros y que «no sale rentable» incumplir la normativa. «Antes a una persona con esas multas tan pequeñas, de 1.000, 2.000, 3.000 euros, le compensaba tener abierta», señala. Por otra parte, recuerda que de las 16.000 viviendas turísticas operativas en Madrid, solo 1.131 cuentan con licencia.
El ‘Plan Reside’ busca «proteger y promocionar al residente en el centro y a la vez ordenar la oferta turística» para así evitar conflictos entre residentes y turistas. Aun así, Carabanete critica la falta de apoyo por parte del Gobierno para que se refuerce la regulación, apostillando que medidas como tener un registro único obligatorio o prohibir la comercialización de viviendas ilegales en plataformas como Airbnb todavía no están implementadas.
Por favor, hagamos extensivo el alquiler turístico a la gran cantidad de viviendas rurales (legales + ilegales); parece como sifuera un problema exclusivamente urbano. Las molestias son mas perceptibles, ya que se suman los efectos de las eternas "pruebas pseudodeportivas"