El partido independentista de centro derecha Junts per Catalunya ha anunciado a bombo y platillo su ruptura con el gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez por no haber cumplido este último sus compromisos con el partido que lidera Puigdemont.
Dichos compromisos se contrajeron para investir a Sánchez presidente, y desde aquellas elecciones, los independentistas han sido una piedra en el zapato para el gobierno socialista. Votación a votación, los catalanes han hecho valer su posición clave para presionar al gobierno de Pedro Sánchez. Esta vez han decidido hacer saltar por los aires la aritmética parlamentaria incluso antes de que se conformen los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023.
«La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada», ha sentenciado Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts. Noguera ha recriminado a Sánchez que, una semana después del anuncio de la decisión de ruptura, aún no haya explicado cómo va a gobernar sin el apoyo de los independentistas.
Los socialistas, por su parte, se han defendido alegando que todas las peticiones de los independentistas han sido formalizadas o bien están en trámite. Desde la ley de amnistía pasando por el reconocimiento del catalán en aquellos territorios en los que es lengua oficial. Junts está decidido a bloquear la legislatura, aunque desde el Gobierno alegan que todavía tienen margen de maniobra para llegar a consensos sin los independentistas.
Los independentistas están dispuestos a votar «sí» en cuatro iniciativas: la ley de movilidad sostenible, con un desembolso de fondos europeos de 10.000 millones de euros; la ley de atención al cliente, redactada en parte por Junts; la ley del cine y la ley de economía social, además del decreto que desarrolla la ley ELA.
Pero el resto de iniciativas serán bloqueadas por Junts: la conocida como ley Bolaños, la ley de enjuiciamiento criminal o la ley de acceso a la carrera judicial que el Gobierno quiere aprobar para modernizar y ampliar el acceso a las carreras judicial y fiscal con el objetivo de mejorar la igualdad de oportunidades, reforzar las plantillas de jueces y fiscales y optimizar su desarrollo profesional. Pero de todas las firmas de Junts, la más esperada es la que tiene que acompañar los Presupuestos Generales del Estado, que quedarán, nuevamente, prorrogados hasta nuevo aviso. Los independentistas ya han registrado enmiendas a la totalidad a unas 25 iniciativas que estaban en proceso de aprobación. Por su parte, el Gobierno destaca que continúan «abiertos al diálogo». Este episodio rupturista abre una crisis de gobernabilidad en el Estado, aunque los socialistas se afanan en dar una imagen de «tranquilidad».