La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han valorado que la condena que el Tribunal Supremo (TS) ha dictado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, supone demostrar que el Estado de Derecho "funciona", mientras que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado el fallo al considerar que "perdemos todos".
"El Estado de Derecho funciona", ha dicho la presidenta de APM, María Jesús del Barco, en declaraciones a Europa Press. Al mismo tiempo, la líder de la asociación mayoritaria en la carrera judicial ha subrayado que "la ley es igual para todos".
En la misma línea, Marien Ortega Herrero, portavoz desde el pasado viernes de AJFV, ha señalado que "estamos ante el funcionamiento normal de las instituciones", recalcando que el procedimiento se ha desarrollado con "plenas garantías". Por ello, ha añadido, "toca exigir respeto al fallo del Tribunal Supremo".
El portavoz de FJI, Roberto García Ceniceros, también ha estimado que esta sentencia "hay que asumirla como el resultado normal del funcionamiento del Estado de Derecho".
No obstante, ha rehusado valorar su contenido, expresando su "pleno respeto" por el recurso de amparo que el fiscal general pueda interponer ante el Tribunal Constitucional.
JJPD AVISA DE QUE "BUENA PARTE DE LA SOCIEDAD" CREE EN EL FGE
En cambio, el portavoz de JJpD, Edmundo Rodríguez, ha sostenido que "la sentencia que condena al fiscal general no supone la victoria de nadie, sino que todos perdemos".
Y ello, ha explicado, porque "evidencia la división en el Tribunal Supremo" --que la ha dictado con cinco votos a favor y dos en contra--, "como la ha habido también en la propia Fiscalía o en la Abogacía institucional".
Rodríguez Achútegui ha recordado que "ya se constató tal división con el voto particular del magistrado Andrés Palomo al acordarse la apertura del juicio oral, y ahora se reitera con los votos particulares de Ana Ferrer y Susana Polo".
"No es una buena noticia para el Estado de Derecho, no sólo por la condena al fiscal general, sino porque muestra una fractura clara del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo", ha enfatizado.
De hecho, el portavoz de JJpD ha advertido de que "precisamente la división en el Tribunal Supremo puede propiciar que todo el proceso continúe con peticiones de amparo" ante el TC.
Además, el magistrado ha alertado de que "la sentencia no va ser comprendida por buena parte de la sociedad, convencida de la inocencia del fiscal general", según ha informado en un comunicado.
Por otro lado, desde el ámbito fiscal, Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerció la acusación popular en el juicio contra García Ortiz, ha esgrimido que "hay que ser prudente" hasta conocer el contenido de la sentencia.
La APIF propuso la condena más alta para el jefe de los fiscales: 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que iban más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación.
Una postura similar ha mantenido Félix Martín, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció García Ortiz. En su caso también ha rehusado entrar en valoraciones hasta conocer el texto íntegro del fallo.
EL SUPREMO CONDENA AL FISCAL GENERAL
El TS ha condenado este jueves a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
El fallo ha contado con el apoyo de cinco magistrados --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-- y con el voto discrepante de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
De hecho, Polo era la magistrada ponente, esto es, la encargada de redactar la sentencia, pero su discrepancia con el sentido de la misma ha llevado a que sea Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal que juzgó a García Ortiz, quien asuma esta función.
El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
El fallo se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.
Solo se conoce un párrafo, el del fallo: "Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años".
A ello suma la responsabilidad civil para González Amador en concepto de daños morales en la cuantía de 10.000 euros, lejos de los 300.000 euros que reclamaba la acusación particular; y las costas procesales.