La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado este jueves de «puro golpismo judicial» la condena del Tribunal Supremo (TS) de dos años de inhabilitación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador —novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—.
"La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio", ha lanzado a través de un mensaje en la red social X.
Belarra ha exclamado que "basta ya« de »golpismo judicial" y ha cargado también contra el PSOE al preguntarse «qué más tiene que pasar» para que los socialistas renueven "el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional".
De esta forma, ha aludido a la reclamación que viene haciendo su formación para acometer cambios legales en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a vocales sin tener que contar con los votos del PP.
También se ha pronunciado sobre la resolución la 'número dos' de la formación morada y exministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha insistido en que la condena a García Ortiz es "golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí".
En esta misma línea se pronunció Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, quien afirmó que "este jueves los golpes de Estado se hacen en sede judicial« y que »hace mucho tiempo que una parte del Poder Judicial hace política y utiliza su toga para ir en contra de unas personas, movimientos, ideas y partidos determinados".
Rufián sostiene que «un montón de jueces se acostaron franquistas y contaron que se despertaron demócratas» y que desde hace mucho tiempo "hay una parte del Poder Judicial que hace golpismo«, pues los golpes de Estado hoy »se hacen desde un plató y en sede judicial«, algo que calificó como »una enorme carencia democrática« de España. Según afirmó, esa situación ya la vivieron los independentistas catalanes y ahora la única diferencia respecto a etapas anteriores es que »ahora le está tocando al PSOE en el Gobierno, supuestamente en el poder".
El PSOE, por su parte, afirmó que respeta la sentencia, pero no la comparte. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, destacó que su partido «acata» las sentencias judiciales, también la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque consideró que el fallo es "una auténtica vergüenza«. »Las sentencias se acatan, la acatamos y la acataremos, pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza", afirmó.
Otro que ha salido a valorar la sentencia es Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, desde donde consideraron que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo es un "golpe judicial« y »la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno".
Fuentes de Sumar señalaron además que esta sentencia es también "un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país«, ya que, según han sostenido, »está basada en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración".
La postura de Junts
También quiso hacer su valoración Junts, quien ya dejó claro que rompía relaciones con Pedro Sánchez y el Gobierno. Así, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se quejó este jueves de que los socialistas sólo critican las resoluciones judiciales cuando les perjudican a ellos. "Para el PSOE la Justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos", según expresó.
En un audio facilitado por Junts, Nogueras apunta que los catalanes son «los menos sorprendidos» por la decisión del Tribunal Supremo. «Los catalanes somos los menos sorprendidos por este desenlace, porque conocemos al Supremo y también porque sabemos de quién depende la Fiscalía», según señaló Nogueras, antes de recordar que PSOE y PP pactaron la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de concluir que "la corrupción española está institucionalizada, hoy en 'Génova' y mañana en Ferraz".
Es curioso una sentencia en contra de los suyo es "golpismo", y si hubiera sido al revés, hubiera sido un logro de la democracia. Realmente tendrían que sacar todas las plazas a nivel judicial a oposición, sin que nadie dependiera de cambios cada 5 años ( CGPJ), elección de magistrados por parte de este último ( CGPJ), por supuesto, mantenerse al margen.