El Ejecutivo estudia reducir la deducción del 50% en el IRPF que actualmente aplican los propietarios de viviendas en alquiler cuando decidan incrementar el precio al finalizar los contratos, aunque en ningún caso esta penalización llegaría al 0%, según han confirmado fuentes gubernamentales. La propuesta se enmarca en una estrategia para incentivar comportamientos de interés general en materia de vivienda y frenar la escalada de precios que dificulta el acceso a un hogar.
Aunque la medida aún no está cerrada, el Gobierno trabaja en combinar incentivos fiscales para quienes reduzcan las rentas con desincentivos para quienes encarezcan el alquiler al renovar contratos. Según publicó El País, esta penalización únicamente afectaría a las subidas al finalizar el contrato de cinco años, no a las actualizaciones anuales vinculadas al IPC que permite la legislación vigente. El objetivo es mantener un trato diferenciado para el alquiler residencial de larga duración frente a modalidades de temporada o turísticas.
En la actualidad, los arrendadores pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto obtenido tras descontar gastos. Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024, el régimen general pasó del 60% al 50% para nuevos contratos de vivienda habitual. Este porcentaje base puede incrementarse hasta el 60%, 70% o incluso 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años, bonificaciones que no se aplican a alquileres turísticos o temporales.
Bonificación del 100% para quienes no suban precios
El pasado 12 de enero, el presidente Pedro Sánchez anunció un real decreto-ley con bonificación fiscal del 100% en el IRPF para propietarios que mantengan congelados los precios del alquiler. Esta medida, que se aprobaría en las próximas semanas, incluye también una limitación de los contratos de temporada y de habitaciones para evitar usos fraudulentos. Sin embargo, Sumar, Podemos y EH Bildu anticiparon que no respaldarán el decreto en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno mantiene la búsqueda de consenso
A pesar de las críticas recibidas, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que el Gobierno no tira la toalla ni se ha rendido de cara a alcanzar un acuerdo para sacar adelante las medidas. Rodríguez agregó que «hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento». Todo ello se produce en un contexto de escasez de producto disponible que ha disparado los precios, especialmente en el mercado del alquiler, dificultando el acceso a la vivienda para una parte significativa de la población, con especial incidencia en jóvenes y colectivos vulnerables.