El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la última modificación del Reglamento del Senado impulsada por la mayoría absoluta del Partido Popular. La reforma introduce, entre otras novedades, una vía para acudir a los tribunales contra el Congreso de los Diputados y establece limitaciones en los tiempos de intervención de los miembros del Gobierno.
Los socialistas consideran que esta reforma se llevó a cabo de forma irregular en su procedimiento, mediante «supuestas correcciones técnicas» que no fueron objeto de debate ni votación en el Pleno de la Cámara Alta. Según denuncia el partido, estas correcciones esconden «enmiendas encubiertas» que alteran sustancialmente el funcionamiento parlamentario.
El recurso impugna varios aspectos clave de la modificación reglamentaria. En concreto, cuestiona los artículos que permiten que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin necesidad de votación en el Pleno. Asimismo, los socialistas rechazan los preceptos que introducen la figura del denominado «veto presunto», que equipara el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del Pleno a la aprobación formal de un veto constitucionalmente previsto.
Conflictos de atribuciones con el Congreso
Uno de los puntos más controvertidos del recurso se dirige contra el nuevo artículo 108.6 del Reglamento, que habilita la interposición de conflictos de atribuciones por una supuesta demora injustificada del Congreso en la tramitación de iniciativas del Senado. Esta modificación formaliza la posibilidad de acudir al Constitucional cuando la tramitación de proposiciones de ley se demore «de forma injustificada».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había anunciado semanas atrás desde el Senado su intención de recurrir al Constitucional ante esta situación. Los populares vienen quejándose durante toda la legislatura de que la mayoría que conforman PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso está impidiendo tramitar las proposiciones de ley que el PP aprueba en el Senado con su mayoría absoluta.
Límites de tiempo para el Gobierno
La reforma también incluye una modificación sustancial del límite temporal que tienen los miembros del Gobierno durante sus intervenciones. Hasta ahora, estos no contaban con tiempo tasado en sus comparecencias ante la Cámara Alta. Con el nuevo Reglamento, los miembros del Gobierno disponen de un tiempo máximo de 40 minutos en sus exposiciones iniciales, que posteriormente se reduce a 15 y 10 minutos para sus réplicas.
Asimismo, el PP ha querido dejar establecido por escrito en el Reglamento del Senado que los jueces y magistrados no tienen la obligación de acudir a las comisiones de investigación, una cuestión que ha generado debate en anteriores ocasiones.
El veto expreso tras la polémica con ETA
Los populares también han incluido un apartado específico sobre las votaciones de los proyectos de ley, después de la polémica generada con la norma que benefició a presos de ETA a su paso por la Cámara Alta. En aquel momento, el PP rechazó el texto en el Pleno del Senado, pero no aprobó ningún veto, aunque la letrada mayor de la Cámara emitió un informe en el que entendía que debería devolverse la norma al Congreso.
Ahora, los populares han recogido expresamente en el Reglamento que «se considerará que el Senado veta un proyecto o proposición si sometido a su consideración, por así solicitarlo un Grupo parlamentario, queda rechazado por mayoría absoluta de la Cámara». Esta precisión pretende evitar situaciones de confusión jurídica como la experimentada anteriormente.
Otras novedades de la reforma
La reforma del Reglamento contempla además el voto telemático para aquellos senadores por designación autonómica que tengan coincidencia de un Pleno de la Cámara Alta con otro de su Asamblea regional, una demanda que venía reclamando el PSOE. En términos generales, la propuesta también afecta a la tramitación de los suplicatorios o las declaraciones de actividades, bienes patrimoniales y rentas de los senadores.
Igualmente, la modificación establece la creación de dos nuevas comisiones y regula la tramitación de iniciativas de control e impulso político, completando así una reforma integral del funcionamiento de la Cámara Alta que ahora deberá ser examinada por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el PSOE.