El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana lunes si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido de forma extraordinaria este domingo desde las 10.00 horas de forma telemática para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.
Después de aproximadamente una hora de reunión, la Comisión Permanente se ha aplazado hasta mañana lunes a las 9.00 horas para dar más tiempo al debate y que este se produzca de manera presencial, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta reunión de urgencia de este domingo se produce después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la «más enérgica queja» por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.
En dicha resolución, de 84 páginas y fechada este sábado, el magistrado asegura que «no cabe duda» de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», colaborar «en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
Para el ministro, esas afirmaciones «representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho».
Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
El titular de Interior considera estas afirmaciones «un hecho de máxima gravedad» y ha instado al CGPJ a que adopte «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones» al tiempo que ha insistido en la «plena profesionalidad» de los agentes y de sus mandos.
Es legítimo que se pueda dudar de la honestidad de la policía. Igual que hay jueces o ministros corruptos y delincuentes, han habido y pueden haber policías corruptos y delincuentes. No hay que fiarse de nadie, menos cuando concierne a las altas esferas.