El inicio de la campaña de inspección que ha iniciado Treball para controlar las bolsas de fraude laboral es una medida necesaria, como todas las iniciativas que tienen por objetivo acabar con las ilegalidades. Ahora, está previsto que los controles también alcancen los indicios de economía sumergida, una consecuencia lógica de una actividad económica desbordada en Balears por la enorme demanda del sector turístico en una temporada que hay que calificar de excepcional. Los resultados finales permitirán evaluar la eficacia de la labor de los inspectores, cuya plantilla se ha reforzado con funcionarios aportados por la Administración estatal, hasta entonces se está trabajando sobre hipótesis e indicios.
Control y alarma. Treball promueve toda la labor fiscalizadora en base a unas sospechas que las actas dirán si se corroboran, aunque es evidente que en el sector turístico –que no se puede circunscribir en exclusiva a los establecimientos hoteleros– es donde es más probable la contratación irregular de trabajadores o la vulneración de sus derechos. Exigir el cumplimiento de la legislación no puede cuestionarse, aunque sí es más discutible que se precise tanta publicidad previa que genera alarma, quizá injustificada, y previene a los infractores. Ha habido, por parte del Govern, una vertiente publicitaria en su actuación que habría sido más prudente evitar.
Los resultados. Será al final de la campaña cuando se podrá evaluar el alcance del problema que quiere atajar el Govern, la auténtica dimensión del problema. En todo caso, es muy probable que el mero anuncio de la campaña haya generado un importante efecto disuasorio y se produzca la regularización laboral de muchos trabajadores, un efecto colateral que no debe descartarse en una economía que quiere exprimir una temporada turística que supone un respiro económico para numerosas empresas. De lo que no cabe duda es de que la rentabilidad empresarial no puede estar basada en la explotación laboral.