El inicio del curso político vendrá marcado por la Conferencia de Presidentes del próximo lunes, cuando la presidenta del Govern, Francina Armengol, reúna en el Consolat de la Mar a los máximos responsables de los cuatro consells –Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera–. Sobre la mesa figura la propuesta de un cambio profundo de la actual Llei de Consell Insulars, aprobada hace ya quince años, norma básica en la actual estructura administrativa de la Comunitat en la que conviven tres ámbitos institucionales. La reforma es imprescindible para delimitar los campos y responsabilidades competenciales, tarea imprescindible tras las asimetrías acentuadas de los últimos años.
Un papel complejo. Los diferentes consells desempeñan un papel complejo, a medio camino entre la Administración local y la autonómica, que supone un papel único en todo el Estado, que se han convertido, con el paso de los años, en referentes políticos de primer orden en Menorca, Eivissa y Formentera, mientras que en Mallorca su protagonismo queda supetidado al del Govern. Pero más allá de estas características propias, cada consell ha perfilado su ámbito competencial casi a medida –el mallorquín, por ejemplo, rechazó las relacionadas con Turismo y Ordenación del Territorio–, circunstancia que, efectivamente, debe ser corregida.
Potencial institucional. Los consells, y en especial el de Mallorca, deben desarrollar el máximo potencial competencial e institucional que les otorga el vigente Estatut, aunque para ello es preciso lograr un acuerdo que garantice –automatice– los mecanismos financieros. De poco o nada sirve homogeneizar y ampliar el techo competencial de las administraciones insulares si se mantiene el yugo financiero desde el Govern. Del mismo modo es imprescindible sentar las bases de la cooperación institucional que evite las duplicidades, incluso la fiscalización, entre el Govern y los consells. La propuesta de reforma es ambiciosa, y compleja.