La decisión del TSJB de Catalunya de imputar y citar a declarar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la realización de la consulta soberanista del 9-N añade un elemento más de tensión a las ya dificilísimas relaciones entre Moncloa y el Palau de la Generalitat justo después de celebradas las elecciones. La actuación de Fiscalía, órgano jerárquico dependiente en última instancia del Gobierno de Madrid, parece haber sido clave en la apertura de este proceso que podría acabar con la inhabilitación de Mas para ejercer cargo público.
El peor momento. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que la citación se ha producido con posterioridad a las elecciones «para no interferir el desarrollo del proceso electoral». Tal aseveración muestra hasta qué punto el Ejecutivo central está implicado en esta ofensiva judicial contra Mas, cuando las fuerzas independentistas han obtenido mayoría absoluta en escaños en el Parlament catalán, lo cual les confiere un poder enorme. Tanta polítización del Código Penal, indisimulable a estas alturas, no augura nada bueno de cara a rebajar la tensión. El Sindicato Manos Limpias, que presentó la denuncia contra Mas, está encontrando un protagonismo que ya se sitúa muy por encima de su capacidad real de influencia sobre la realidad española.
¿Mártir o imputado? Tras las elecciones, Mas estaba atravensado un momento difícil. La CUP, formación independentista de extrema izquierda, había puesto como condición para formar un Govern estrictamente separatista que no fuese presidido por Artur Mas. Sin embargo, esta imputación devuelve todo el protagonismo posible al actual president en funciones. Ante sus correligionarios y coaligados le convierte en un mártir. Políticamente ha salido fortalecido de la imputación, porque ahora ya es una cuestión de dignidad para Junts pel Sí mantenerlo en el cargo. No hay que olvidar que en aquel amago de referéndum participaron más de dos millones de catalanes.