Los resultados electorales del pasado domingo generan un panorama político en España muy confuso para la configuración de una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice un Gobierno, en el mejor de los casos, estable. El retroceso de las dos grandes opciones tradicionales, conservadores y socialistas, obliga a activar un proceso de negociación a varias bandas que obliga al concurso de fuerzas políticas con exigencias, al menos como punto de partida, que hacen casi imposible el acuerdo salvo renuncias ahora impensables. La división ideológica abre en dos mitades casi idénticas la Cámara Baja, y deja en el concurso de las formaciones nacionalistas y/o independentistas la llave de la gobernabilidad de España. Esta es la realidad a la que se enfrenta el candidato a presidir el próximo Gobierno.
Primeras reacciones. Un síntoma claro de la preocupación generada por la compleja gestión de la fragmentación de la representación ciudadana en el Congreso se ha dado en el mundo económico. La bajada de la Bolsa y la subida de la prima de riesgo evidencian la incertidumbre con la que se analiza el futuro político de España, entre otras razones por las dificultades que se adivinan para concitar mayorías suficientes en torno a un proyecto, con independencia que quién sea el encargado de liderarlo aunque, en primera instancia, es Mariano Rajoy, como candidato de la fuerza más votada, el encargado de iniciar los contactos.
Esfuerzo de diálogo. Los principales agentes sociales reclaman la vía del diálogo para formalizar un acuerdo de amplia base que de su apoyo al futuro Gobierno, un objetivo que precisa de amplias dosis de flexibilidad y voluntad de acuerdo por parte de todos. No será sencillo, pero también pondrá a prueba ante los españoles si los compromisos de entendimiento que reclamaban antes de las elecciones los dirigentes políticos era algo más que una postura retórica; en caso contrario no hay que descartar una nueva convocatoria electoral.