Uno de los compromisos más complejos y delicados del Govern para esta legislatura es, sin duda, la nueva regulación del alquiler turístico. La norma, en la que trabaja todo el equipo de la Conselleria de Turisme que dirige Biel Barceló, debe ser el marco que fije una actividad económica que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en Balears. La explotación de las viviendas vacacionales genera importantes rentas complementarias para numerosas familias de las Islas, pero también está generando una problemática social que es necesario abordar con urgencia.
Temor a los cupos. La acumulación de nuevos registros en Turisme es la reacción inmediata al previsible anuncio de un cupo máximo para la oferta de viviendas vacacionales, una de las exigencias que se plantea para evitar que las infraestructuras públicas de servicios básicos queden desbordadas. El aluvión de turistas en esta temporada, aunque pueda ser una situación que no se prolongue de manera indefinida, ha sido un toque de atención. Las últimas encuestas ya sitúan la sensación de presión turística como uno de las principales cuestiones que preocupan a los ciudadanos, circunstancia que hace suponer restricciones en el número de plazas; del mismo modo que ya ocurre con la planta hotelera.
Aproximación a la realidad. De todos modos, el hecho de que aumenten los registros de viviendas vacacionales es un síntoma de que, en primer lugar, hay voluntad de los propietarios de asumir la nueva regulación autonómica y sus responsables dispondrán de datos más aproximados con la realidad del negocio. Ajustar los nuevos parámetros legales de esta actividad, que es un error querer demonizar de manera genérica como pretenden determinados colectivos, es un reto importante que Turisme tendrá que resolver a corto plazo. Aunque no se puede olvidar que el alcance de las competencias de la Comunitat son limitadas frente a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.