Una iniciativa que debía ampliar la oferta de alquileres de vivienda social en Balears ha resultado, al final, fallida debido a las condiciones en las que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) transfirió al Govern los inmuebles. De un parque de 75 pisos, las dos terceras partes no han podido ofrecerse para atender la demanda debido a que o no se encontraban en unas condiciones mínimas de uso o ya estaban ‘okupadas' por inquilinos de manera irregular. La previsión del Govern cuando firmó, hace un año, el convenio con los responsables del SAREB era destinar un máximo de 6.000 euros para acondicionar las viviendas; dado su estado el presupuesto previsto es claramente insuficiente.
Ciudadanos perjudicados. Resulta obvio apuntar que en esta operación han faltado los controles mínimos exigibles por parte del Govern, que no debería aceptar una cesión de estas características sin una mínima supervisión sobre el estado de los inmuebles y su situación administrativa. El objetivo del convenio no era otro que disponer de inmuebles para poder ofrecerse con un alquiler social, una demanda creciente en una comunidad como la nuestra que no ha quedado al margen de las consecuencias de la crisis. En este contexto, hay que lamentar que son los ciudadanos los primeros perjudicados de este acuerdo fallido.
Trasfondo político. Más allá de las circunstancias que rodean el resultado del convenio con el SAREB, lo ocurrido alimenta las corrientes críticas a las formidables ayudas públicas que se inyectaron para salvar el sistema bancario español. De hecho, el SAREB –también conocido como el ‘banco malo'– fue la fórmula ideada para transferir los activos tóxicos del sistema y sanear las cuentas de las entidades más afectadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con este precedente, resulta, cuando menos chocante, el resultado final del convenio que se firmó con el Govern y la indignación de sus responsables.