El modelo de subvención de los billetes aéreos de los residentes en las Islas que quiere aplicar el Ministerio de Fomento a partir del próximo año, en lo que hace referencia a los de grupos y colectivos, supone una discriminación inaceptable ya que traslada a los consumidores la incapacidad de la Administración para controlar el posible fraude que dice que existe en este tipo de segmento. La norma, dictada en 2014 por la Dirección General de Aviación Civil, se reactiva ahora sin que se den a conocer los motivos reales que la justifican, en una clara falta de transparencia, con efectos muy negativos para los residentes en Balears.
Aumentar el control. Sorprende que el Gobierno opte por perjudicar a las empresas y colectivos en su acceso a los descuentos de residentes, aumentando el precio de los billetes hasta un 80 por ciento respecto a las tarifas actuales, como si los usuarios fuesen los responsables de los elevados precios de los billetes en su traslado en avión. No es la primera ocasión en que Fomento traslada a los usuarios su incapacidad en la correcta gestión de una subvención lograda tras décadas de constante reivindicación. Un ejemplo de ello fueron los años en los que se exigía a todos los pasajeros que exhibiesen el certificado de residencia. La inspección en la correcta aplicación de las bonificaciones es una competencia de la Administración central, que, por cierto, nunca ha querido facilitar datos relativos a su gestión.
Una necesidad. Madrid se obstina en no querer admitir que el transporte aéreo en Balears es una necesidad ineludible cuyos costes asumen los ciudadanos también como víctimas de situaciones abusivas –los precios de los billetes de último momento son disparatados, cuando en muchas ocasiones responden a desplazamientos urgentes–. La subvención del 50 por ciento en el precio de los billetes aéreos sólo compensa mínimamente la desventajas de los ciudadanos de las Islas en su acceso a la Península.